RISTRA DE VIZNAGAS
En 2018, el movimiento político que hoy nos gobierna a nivel nacional irrumpió en la vida pública de México con una promesa inquebrantable: una renovación absoluta de las instituciones donde la ley sería la piedra angular para todos. Se ofertó a la ciudadanía el fin de las componendas, de los acuerdos oscuros y de la intervención del Estado en las elecciones. Los principios rectores parecían claros e innegociables: no mentir, no robar y no traicionar. Sin embargo, en Baja California Sur, entidad gobernada por el oficialismo desde 2021, estos preceptos han sido arrojados por la borda de cara a la sucesión estatal de 2027.
Un proceso electoral interno verdaderamente democrático exige, como criterios de nivel fundamentales, la estricta neutralidad del aparato gubernamental, la equidad de condiciones y el respeto a la libertad de cualquier individuo con aspiraciones legítimas para ser candidato. Sin estas garantías, la contienda se corrompe. Tristemente, el escenario actual en la alianza Morena-PT-Partido Verde Ecologista es diametralmente opuesto a estos ideales democráticos.
El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, ha declarado públicamente que existe un «piso parejo» para los aspirantes. Esta afirmación es una completa farsa y una burla a la ciudadanía. En la práctica, el proceso interno ha sido secuestrado para imponer a Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz con reciente licencia, como la candidata de la autodenominada Cuarta Transformación. Respaldada por un estado tapizado de propaganda oficialista, Quiroga compite bajo el cobijo directo del ejecutivo estatal. Castro Cosío no ha tenido recato en manifestar su apoyo abierto, permitiendo que sus secretarios de Estado y funcionarios operen descaradamente como jefes de campaña, violando sin pudor la ley electoral.
Frente a esta maquinaria de imposición y retroceso autoritario se alzan las figuras de Christian Agúndez Gómez (abanderado por el PT) y Manuel Cota Cárdenas (por el Partido Verde), quienes defienden la verdadera vocación democrática del proceso al resistir los fuertes embates del poder. La disparidad en la contienda es alarmante: mientras el grupo de Víctor Castro y Milena Quiroga utiliza la estructura gubernamental a su favor, a Agúndez y Cota se les somete a un acoso sistemático, limitándolos y castigándolos «a la mala».
El gobierno estatal y el propio Ayuntamiento de La Paz operan hoy como barricadas antidemocráticas que buscan sabotear a la oposición interna. Cuando los contendientes intentan ejercer su libertad de realizar un evento, las autoridades bloquean la iniciativa negando los permisos correspondientes. A la par de la censura institucional, el oficialismo recurre a tácticas cobardes, utilizando sujetos para bombardear las redes sociales con descalificaciones, golpeteos bajos y acusaciones de supuestos delitos en contra de cualquier opositor a Milena.
Este «cochinero» que se está cocinando en Baja California Sur es la prueba más contundente de que el oficialismo local ha replicado los vicios del pasado que juró destruir. La pretendida coronación de Milena Quiroga, impuesta bajo el autoritarismo de Víctor Castro y su gabinete, no representa un triunfo institucional, sino la agonía de la democracia interna y una flagrante traición al principio de «no mentir y no traicionar». La ciudadanía merece libertad de elección y procesos limpios, donde la voluntad popular no sea aplastada por un gobierno que, embriagado de poder, utiliza sus instituciones para aniquilar a sus propios aliados democráticos.
La arenga 
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