La arenga

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

La extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) en mayo de 2023 desató una serie de consecuencias desastrosas para uno de los sectores más vulnerables y fundamentales de nuestro estado: el campo. Desde entonces, las familias sudcalifornianas y de todo México han quedado atrapadas en un laberinto de incertidumbre jurídica, rezagos administrativos y embargos ejecutados con un rigor excesivo que asfixian a los pequeños productores.

Ante esta ola de atropellos originada en el proceso de transferencia de la cartera vencida al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), la intervención del diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda no solo es oportuna, sino que representa un acto de auténtica justicia social. Escuchando de primera mano la sentida petición de los productores y acreditados del sector rural, el legislador ha dado un paso al frente para defender a quienes nos dan de comer.

Gracias a su firme gestión, el pleno de la XVII Legislatura aprobó un exhorto para exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que rinda cuentas y transparente los procesos de liquidación de la FND. Las exigencias planteadas por el diputado Del Castillo son claras y urgentes: detener de manera inmediata las prácticas de embargo que vulneran los derechos de los productores, garantizar la devolución de las garantías a quienes ya pagaron sus deudas y establecer mecanismos de conciliación justos, humanos y accesibles.

Como acertadamente ha señalado el diputado: “El campo mexicano y sudcaliforniano no pueden ser castigado; quienes trabajan la tierra y sostienen la economía rural merecen certeza jurídica y no persecución”. Estas palabras no son solo un discurso político, sino un diagnóstico preciso de la realidad que enfrenta el sector rural frente a esquemas punitivos que carecen de toda empatía o voluntad de regularización justa.

Hoy que la burocracia federal parece asfixiar al sector primario, la postura enérgica y empática de Fabrizio del Castillo Miranda nos recuerda la importancia de contar con representantes populares que verdaderamente velen por el bienestar de sus distritos. Su defensa del campo sudcaliforniano marca un precedente esencial: el desarrollo rural no se logra embargando y persiguiendo al pequeño productor, sino brindándole el respaldo y la certeza institucional que merece. Ahora corresponde al Gobierno Federal, a la SHCP y al INDEP estar a la altura de este exhorto.