La arenga

LA ARENGA

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

En Baja California Sur, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha dejado de ser una institución al servicio del pueblo para convertirse en la empresa privada de un solo hombre: el ingeniero Julio César Villarreal Trasviña. Y es que, si uno observa su desastrosa gestión, parece que el señor director confundió su nombramiento público con un título nobiliario, manejando la dependencia con un nivel de autoritarismo y soberbia que ya es un verdadero escándalo viral en todo el estado.

Mientras los ciudadanos padecen la falta de servicios básicos, Villarreal se da el lujo de actuar como un dictador de escritorio. ¿Su gran estrategia de diálogo y diplomacia institucional? Bloquear de WhatsApp a la secretaria general del Sindicato Único Democrático de la Semarnat, María Rosario Macklis. ¡Vaya nivel de madurez y altura política! Pero su tiranía no se limita a berrinches de mensajería digital; su despotismo se materializa en el despido arbitrario e injustificado de personal, como el del subdirector de consejos de cuenca, motivado descaradamente por «cuestiones políticas». Queda claro que, para él, la institución es solo una plataforma para sus propios caprichos y no un ente de servicio público.

Y por si fuera poco, este personaje ha demostrado una total insensibilidad ante las verdaderas urgencias sociales. Mientras el país entero exige un alto a la violencia de género, a este vival se le denuncia formalmente por legisladoras locales debido a sus conductas hostiles y por bloquear eventos institucionales enfocados, precisamente, en el combate a la violencia contra las mujeres. Por otro lado, las propias bases lo señalan abiertamente como un «neoliberal infiltrado» y un «enemigo declarado de Claudia Sheinbaum», capaz de sabotear y boicotear durante todo un año el arranque de la obra del hospital del IMSS en San José del Cabo. Con argumentos baladíes y mezquinos, su objetivo parece ser quebrantar la confianza ciudadana en el gobierno, utilizando su tiempo y cargo para agendas y boicots políticos que solo perjudican a los más vulnerables.

Pero donde su gestión realmente «hace agua» —irónicamente y para desgracia de la ciudadanía— es en el suministro del vital líquido. La severa crisis de agua en Baja California Sur hoy tiene nombre y apellido. El mismísimo alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, ha tenido que salir a exigir su remoción inmediata, acusándolo de mantener «secuestrados» los permisos y de bloquear proyectos estratégicos vitales para mejorar el abasto de agua en el municipio. Como si las familias no sufrieran ya suficientes carencias con largos periodos sin servicio, Villarreal mandó clausurar de forma arbitraria pozos de extracción en el Ejido Migriño, dejando a decenas de colonias en Cabo San Lucas completamente secas, lo que detonó justificados reclamos de piperos, legisladores y una lluvia de amparos federales.

La pregunta que resuena con indignación es simple: ¿qué pesa más para Julio Villarreal, sus sucios intereses políticos o el derecho humano de la ciudadanía a tener agua? Resulta profundamente decepcionante e indignante que un servidor público utilice una dependencia tan vital para sembrar caos, ejercer total impunidad y alimentar su ego abusivo. Las bases de MORENA, los trabajadores, los legisladores y los alcaldes lo han pedido a una sola voz ante la dirección general nacional. No hay duda alguna: es urgente que corran a Julio Villarreal. Debe dejar ese cargo ya, antes de que termine de secar, literal y figurativamente, a las instituciones de Baja California Sur.

Para colmo de cinismo, ante la cascada de amparos y la sed incesante de decenas de colonias en Cabo San Lucas, el señor Villarreal tiene el descaro de justificar la clausura de pozos en el Ejido Migriño escudándose en supuestas «irregularidades severas y tomas clandestinas». ¡Vaya audacia! Como si su propia gestión no fuera la mayor irregularidad y la más descarada «toma clandestina» de una dependencia que hoy maneja como su franquicia personal. Es el pretexto perfecto del burócrata acorralado: usar excusas de papel para justificar que él mismo asfixia y retrasa los permisos de proyectos estratégicos, tal como ya lo ha evidenciado y padecido el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez.

Pero la farsa ya no se sostiene y el fango de la corrupción le está llegando al cuello. A todo este desastre institucional hay que sumarle una perla más a su corona de impunidad: los severos señalamientos y solicitudes de auditoría integral ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se le acusa, nada más y nada menos, que de presunto abuso de autoridad, cohecho y conflicto de interés por orquestar la desviación de arroyos para favorecer desarrollos turísticos privados. ¡El colmo de la desfachatez! Mientras las familias sudcalifornianas padecen prolongados cortes de servicio y los pozos populares se clausuran sin piedad, este «virrey» presuntamente manipula los cauces naturales para engordar los bolsillos de los grandes capitales turísticos.

El reloj de la impunidad está en su cuenta regresiva. El hartazgo ya rompió las fronteras del estado y el desastre de su administración ha escalado formalmente hasta el escritorio del director general nacional de la Conagua, Efraín Morales López. Trabajadores, sindicatos, legisladoras y presidentes municipales han documentado este vergonzoso rosario de abusos y exigen, a una sola voz, que se termine este secuestro institucional. Si desde la cúpula nacional realmente se pregona que no hay cabida para el autoritarismo, el sabotaje político y los turbios negocios al amparo del poder, Efraín Morales tiene la obligación ineludible de fulminar este feudo. Mantener a Julio Villarreal Trasviña en su puesto no solo es una bofetada al pueblo de Baja California Sur; es convertirse en cómplice de un funcionario que ya no tiene agua ni para lavarse las manos manchadas de presunto cohecho. ¡Basta de solapar abusos! Su remoción no es una simple petición, es una urgencia vital para la supervivencia del estado.