UNA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN RESISTENCIA

Por Juan Carlos Mendez Ramírez

La Revolución Francesa nos heredó -producto de la Ilustración y el Iusnaturalismo-, la mayoría de las libertades que gozamos en las democracias modernas hoy en día. México desde su independencia se adhirió a esa tradición libertaria que recorrió -y continúa recorriendo- el mundo; y la plasmó en sus ordenanzas constitucionales de 1824, 1857 y de 1917. Garantías constitucionales, que nos permiten vivir en libertad, para desarrollar todas nuestras capacidades.

Una de esas libertades es la de expresión de las ideas, reforzada con el derecho a la información que todos tenemos. El oficio por medio del cual se ejercen ambos derechos, se llama periodismo y la persona que lo ejerce es denominado como periodista. El que trabaja reporteando, investigando, opinando profesionalmente, sobre hechos noticiosos en temas policiacos, económicos, religiosos, ambientales, políticos partidistas, guerras entre países, guerras civiles, políticos de gobierno, ciencia en general, cultura, salud, deportes y un innumerable caudal de diversos tópicos que pueden abordarse periodísticamente.

El Estado Mexicano, debe ser el garante para que su población ejerza estas garantías individuales constitucionales. Porque el Estado Mexicano, es el responsable de crear y mantener, el clima de seguridad y estabilidad propicio para el desarrollo integral de la población.

Pero digamos que, desde la década de los ochentas, la violencia inició una escalada vertiginosa en el campo de la delincuencia organizada, debido a un fenómeno que se empezó a conocer como “narcopolítica”. En 1984 es asesinado el periodista Manuel Buendía, por estar investigando a la CIA y sus nexos con los carteles del momento. En 1988, otro periodista cofundador de ZETA Héctor “El Gato” Félix Miranda, es ultimado a sangre fría, porque investigaba temas sobre delincuencia organizada.

Y de esa época a la fecha, han escalado los hechos violentos donde las victimas practican el periodismo. Como sucedió con Max Rodríguez y Rafael Murúa aquí en Baja California Sur, el primero cubría la fuente policiaca en Colectivo Pericú y el segundo político local en en su comunitaria Radio Kashana; o en Sinaloa, con la ejecución de Javier Valdez de Riodoce. Y en Veracruz, donde las agresiones hacia periodistas están vinculadas con políticos que ocupaban cargos públicos; o que decir del más reciente Benjamín Morales Hernández asesinado a balazos el pasado 3 de mayo de 2021 justo en la celebración del día mundial de la libertad de prensa, quien fue sacado de su casa en el municipio de Sonoyta, Sonora. Por lo que, en menos de 30 años, México se convirtió en un país peligroso para ejercer el viejo oficio libertario que con tanta enjundia defendía Voltaire, al promover una amplísima libertad de conciencia como una repuesta a la intolerancia y los fanatismos.

Intolerancia y fanatismo, los adversarios históricos de la libertad de expresión, se han enseñoreado en nuestro país. Intolerancia política o intolerancia delincuencial, son lo de cada día para el ejercicio periodístico. De tal suerte, que estamos ejerciendo una libertad de expresión en resistencia, una férrea resistencia al intento de silenciar nuestra opinión o nuestra información vertida públicamente.

El periodismo de opinión se nutre de fuentes casi siempre discretas -casi secretas-, lo que provoca en ocasiones que se descalifique el trabajo expresado por medio de la columna de opinión, es un riesgo latente que hay que correr diariamente, así sea para destacar lo positivo o lo negativo de algún actor político.

Igual que en la política, los que nos dedicamos a ser columnistas, tenemos muchos aliados de ocasión, pero también adversarios verdaderos -los menos-, digamos que al final del día son más los amigos que se tienen y por tanto uno se siente muy satisfecho.

Los fanatismos y las intolerancias del tipo que fueren, pueden hacer que se cometan atrocidades. Entonces no permitamos, la sociedad sudcaliforniana, medios de comunicación locales, partidos políticos, gobiernos y gobernantes, agencias de seguridad pública, instituciones de educación superior y periodistas, que se pretenda silenciar a la libertad de expresión utilizando el miedo basado en la violencia directa, las amenazas anónimas, las campañas negras en redes sociales que pretenden hacer del periodismo y del periodista el peor de los productos sociales.

Si lo permitimos, seguirá el desastre cívico, porque entonces estos poderes facticos fuera de la ley, cancelarán por la fuerza otras libertades como ya ha sucedido en otras partes del país, cuando se cobra peajes mafiosos al tránsito de personas y de bienes, o se cobra “piso” a los comerciantes.

También -hay que decirlo-, La doble crisis que golpea a los medios de comunicación -la financiera y la de credibilidad- ha deteriorado la relación entre la prensa y los lectores. El negocio tradicional ha quebrado sin una alternativa clara con la consiguiente reducción de plantillas y sueldos en las redacciones y la sustitución de editores clásicos, por empresarios nuevos en el sector. En paralelo, los periodistas hemos bajado la guardia con la correspondiente pérdida de confianza de los ciudadanos.

Y ante esta disyuntiva creo que solo hay una respuesta: más periodismo independiente y profesional, porque los lectores tienen derecho a estar bien informados para entender la realidad y formarse su criterio. Todo esto lo podemos resumir en un verdadero Estatuto de la Redacción, para rechazar cualquier presión de personas, partidos, grupos económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus intereses.

La información independiente y rigurosa es el único remedio ante la pérdida de confianza de los lectores en los medios de comunicación, a todo ello se suman el ruido en redes y tertulias, el dominio del tráfico informativo por gigantes de Internet como YouTube o Facebook; y las inversiones de líderes o Estados para manipular noticias.

Los rumores se afrontan mejor al asegurar el acceso a fuentes de información pluralistas e independientes. No creo que las autoridades ganen mucha confianza del público si se percibe que intentan ocultar información o restringir los medios. Entonces, en lugar de más restricciones, necesitamos más transparencia, que evite silenciar a los periodistas. Las autoridades deberían permitirles hacer su trabajo sin obstáculos y permitirles encontrar y usar todas las fuentes que los propios medios consideren necesarias.

En consecuencia, los gobiernos tienen que proporcionar información confiable a los medios y generar políticas verdaderamente eficaces, para apoyar a los medios que luchan financieramente debido a la pandemia, especialmente porque la necesidad por el trabajo periodístico no disminuirá en los años por venir. La libertad de expresión e información, combinada con un panorama de medios pluralistas, son contribuyentes importantes del crecimiento económico y herramientas cruciales para fortalecer los lazos sociales y las estructuras democráticas.

Dicen que los viejos hábitos nunca mueren, incluso la inclinación a silenciar voces independientes y críticas. Pero la pandemia de coronavirus significa que las necesitamos más que nunca.

La posición retadora para “reventar” y “amedrentar” a periodistas tienen una marcada similitud a la Ley Lares santanista de 1853 y a la reforma constitucional de Porfirio Díaz-Manuel González de 1883 para controlar a la prensa, encarcelar Periodistas e inclusive cerrar casas editoras que molesten al autócrata.

Es necesario retomar las bases que dieron pie a aquella Ley Lafragua de 1855, inspirada en los debates de Francisco Zarco y cristalizada en el Constituyente de 1857 y que hoy a 166 años, dirigentes y funcionarios a través de lacayos barbaros pretenden pisotear, sabotear y desconocer, aun cuando dichos derechos ciudadanos son consagrados en los artículos 6 y 7 por el Constituyente de 1917 y todas las convenciones y tratados internacionales promotores de los Derechos Humanos.

La libertad de prensa en México vino con la Revolución de Independencia: el Decreto sobre la Libertad Política de la Imprenta, promulgado por las Cortes de Cádiz el 10 noviembre de 1810. Además del apellido Política, ese decreto señaló la función de la prensa como contrapeso del poder y le dio validez legal al concepto de “opinión pública”, en su considerando que se transcribe con el lenguaje original de la época:

“Atendiendo las Cortés generales y extraordinarias a que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es, no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la Nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública”.

Negar esa libertad es un retroceso al Derecho positivo vigente y revive el retroceso de 1855 en que el ministro de Justicia de Santa Anna, Teodosio Lares, emitió la llamada Ley Lares con el propósito de salvaguardar a los funcionarios de los comentarios “injuriosos y calumniosos” (artículo 28).

Derrotado el santanismo por la Revolución de Ayutla, quedó sin efecto esa negación a la libertad de manifestarse contra los malos actos de funcionarios, porque en el Constituyente de 1857, Francisco Zarco fue muy claro en sus criterios: “la opinión sí puede ser un error, pero jamás puede ser un delito”. Como ministro de Gobernación, Zarco clarificó los delitos de prensa en casos de honor y de plazo pública, pero sin coartar la libertad de decir y escribir y reduciéndolos sólo a los llamados contra las leyes de la república.

Por eso un texto de Camilo Torres citado por Germán Arciniegas, es elocuente “en América la imprenta fue la Ilustración” fue seguramente lo que inspiró al distinguido columnista y escritor Antonio Ceja en su columna “Medios y Remedios” a fijar una postura clara y sin titubeos a favor de la libre expresión, cuando el Gobierno de Narciso Agundez Montaño embistió con “favores y bondad” a casas editoriales en 2010 para no hacer “ruidos” con la desastrosa gestión que ya entraba en la debacle de la impunidad.

El trayecto de la libertad de prensa en Baja California Sur, ha sido una hazaña de la construcción de la ciudadanía política, que destaca la obra “100 años de periodismo” del también periodista sudcaliforniano Cuauhtémoc Morgan y actual director del portal noticioso Colectivo Pericú.

El código civil de nuestro estado establece el “daño moral” como la afectación de los “derechos de personalidad” de los funcionarios –afectos, decoro, honor–, aunque no señala concretamente a los medios. Sin embargo, el código penal federal deja muy claro en su artículo 1916 bis que “no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 constitucionales”.

De todas formas el ejercicio de la crítica periodística como libertad de prensa necesita de flexibilidad, porque si no tendrían actualmente que cerrarse todas las publicaciones y encarcelar a todos los periodistas y caricaturistas para proteger los “derechos de personalidad” de funcionarios públicos y partidistas, que ocultan su ineficacia detrás de los derechos de personalidad; sin la prensa, entonces la sociedad sudcaliforniana reviviría el modelo de sociedad de los tiempos de Antonio López de Santa Anna que en el fondo sueña Andrés Manuel López Obrador en cada una de sus mañaneras.

Hagamos una resistencia civil, para seguir viviendo en un país libre y de libres, no claudiquemos en esta causa de defender nuestras libertades por nuestros hijos y las generaciones venideras.

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