Por Juan Carlos Méndez Ramírez

El futuro de nuestras riquezas naturales no puede ni debe decidirse a puerta cerrada. Esta es la premisa fundamental que el diputado Venustiano «Tano» Pérez Sánchez ha puesto valientemente sobre la mesa, demostrando un liderazgo y un compromiso genuino con el municipio de Loreto y con todo Baja California Sur. Su reciente propuesta ante el pleno de la XVII Legislatura para reformar la Constitución Política del Estado no es una simple iniciativa de ley; es un verdadero acto de justicia ambiental y de empoderamiento democrático.

El Parque Marino Nacional Bahía de Loreto es una joya indiscutible de nuestro patrimonio natural y un motor de atracción turística indispensable para la región. Sin embargo, sabemos que nuestros paraísos son vulnerables a decisiones unilaterales. Frente a este riesgo, Tano Pérez propone un blindaje constitucional de vanguardia. Su iniciativa busca modificar el artículo sexto para regir la actuación de las autoridades bajo principios vitales como la prevención, la precaución y la «no regresión» ecológica, lo que garantiza que ninguna política pública pueda dar un paso atrás en los derechos ambientales ya conquistados.

Pero lo que verdaderamente distingue a esta propuesta y eleva la estatura política del diputado Pérez es su apuesta total por la voz de los ciudadanos. Al exigir la realización de un «parlamento abierto» para el estudio de esta iniciativa, el legislador deja claro que para proteger a Loreto se deben escuchar absolutamente todas las voces, tanto de la comunidad como de las autoridades.

Más aún, resulta profundamente innovadora y valiente su propuesta para poner un alto a las imposiciones. La iniciativa de Tano Pérez establece que, antes de que cualquier autoridad emita una opinión o autorización para planes que impacten áreas naturales protegidas o el desarrollo urbano, será obligatorio realizar una consulta pública en la región afectada, y la respuesta de dicha consulta tendrá carácter vinculante. En otras palabras, la decisión final la tendrá el pueblo que habita y defiende su tierra, y no los intereses de escritorio.

Finalmente, al proponer ampliar las facultades del Congreso para legislar sobre el manejo responsable del medio ambiente, y obligar al Titular del Poder Ejecutivo y a los Ayuntamientos a promover estas consultas públicas, el diputado está sentando las bases para una verdadera democracia participativa en BCS.

Venustiano Pérez ha trazado la ruta correcta: el desarrollo, la conservación y la justicia solo pueden caminar de la mano si la ciudadanía es quien sostiene la brújula. Es imperativo que el resto de los legisladores estén a la altura del momento histórico y respalden esta iniciativa. Loreto, sus mares y nuestra gente, no merecen menos.

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