La arenga

La Arenga

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

La detención del vicealmirante Fernando Farías Laguna en Argentina y la forzada licencia de Rubén Rocha Moya en Sinaloa han dejado de ser incidentes aislados para convertirse en los síntomas terminales de una crisis sistémica. Lo que hoy atestiguamos no es el simple tropiezo de un gobierno, sino el choque frontal entre una narrativa oficial diseñada para el aplauso local y la implacable realidad de la legalidad internacional.

Frente a esta sacudida, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido el atrincheramiento. Su necedad de escudarse en la exigencia de pruebas a Washington y enarbolar un discurso de soberanía nacional demuestra una alarmante falta de lectura geopolítica. Ignorar las solicitudes internacionales y retrasar acciones cautelares estipuladas en los tratados de extradición no es defender a la patria; es regalarle a actores como Donald Trump el pretexto perfecto para justificar una embestida sin precedentes contra México. En la política realista, los símbolos importan, y el mensaje que México envía al mundo es el de una resistencia institucional para proteger a figuras del poder político vinculadas al crimen.

Pero el costo de esta obstinación ya no se limitará a la diplomacia; amenaza directamente nuestra viabilidad económica. El paradigma de la relación bilateral ha cambiado drásticamente: los carriles del comercio y la seguridad, que por décadas corrieron separados, se han roto. Washington está enviando una advertencia tajante: el futuro del T-MEC y la certeza de las inversiones están condicionados a que México desmantele las redes políticas que protegen al narcotráfico. El precio de sentarse en la mesa comercial exige ahora un peaje de seguridad, y mantener a gobernadores bajo sospecha pone en jaque a la columna vertebral de nuestra economía.

Para entender la exasperación estadounidense, basta observar el descaro con el que operan las estructuras locales. La reciente exhibición de la riqueza de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Rocha Moya, es un insulto a la inteligencia pública. Que un funcionario acumule 44 propiedades con un valor declarado de casi 129 millones de pesos mientras su nombre figura en una corte de Nueva York por presuntos nexos con la delincuencia, sobornos y operación electoral, revela el nivel de impunidad con el que se asaltaron las arcas estatales.

A esto se suma el grotesco teatro político que Rocha Moya dejó como herencia en Sinaloa para cubrirse las espaldas. El estado ha quedado secuestrado por el nepotismo y la inexperiencia, entregando la gubernatura interina y la secretaría general de gobierno a perfiles cuya única virtud es la lealtad ciega a un mandatario que huye de la justicia. Confundir el papel de titular del ejecutivo con el de abogada defensora, como lo hizo Yeraldine Bonilla en su primer día, es la prueba de que en Sinaloa se desmantelaron las instituciones para proteger a una cofradía política y familiar.

La protección sistemática de esta podredumbre está arrastrando a Morena y a la Cuarta Transformación a una debacle inminente. La caída libre en la aprobación del gobierno no es una simple fluctuación; es una fractura profunda en la confianza ciudadana. Hoy, un devastador 75% de los ciudadanos percibe que vivimos en un «narcoestado» donde las instituciones de justicia han sido corrompidas. Este veredicto social inapelable anticipa un duro castigo en las urnas para 2027.

El Estado mexicano ha llegado a su límite. Gobernar bajo la sombra de la sospecha global, sacrificando el futuro económico del país para blindar a aliados indefendibles, es un suicidio político. Si la actual administración y su partido no asumen este momento como un llamado urgente a la autocrítica y a una purga estructural, el movimiento que prometió transformar al país terminará sepultado bajo el peso de sus propias mentiras, arrastrando a México entero en su caída.