La arenga

La Arenga

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

La presión internacional ha comenzado a agrietar el muro de impunidad en México, pero la respuesta del sistema político sigue siendo una farsa disfrazada de legalidad. En nuestra editorial anterior advertíamos que el tiempo de las excusas se agotaba frente a los expedientes que se acumulan en el extranjero. Hoy, esa advertencia ha cobrado vida en Sinaloa. La forzada solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya no es un acto de rendición de cuentas ni un triunfo de la justicia mexicana; es una retirada táctica que busca ganar tiempo mientras el estado queda secuestrado por una estructura de incondicionales.

El golpe sobre la mesa no vino de la capital mexicana, sino de Estados Unidos. La fiscalía estadounidense ha acusado formalmente a Rocha Moya, junto con otros funcionarios como el alcalde de Culiacán, de haber conspirado para llegar al poder con el respaldo económico e intimidatorio del crimen organizdo a cambio de servir a sus intereses. Estamos hablando del gobernador de uno de los estados más lastimados por la violencia. Y sin embargo, la reacción del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido negarse a ordenar su arresto inmediato, argumentando una supuesta falta de pruebas y escudándose nuevamente en un falso nacionalismo.

Pero lo verdaderamente insultante para los sinaloenses y para el país no es solo la evasiva presidencial, sino la burla de dejar «la casa cuidada» por los mismos cómplices. Rocha Moya se hizo a un lado, pero el «rochismo» se quedó intacto para protegerle las espaldas. Basta ver en manos de quién ha quedado el destino de Sinaloa para entender la profundidad del desmantelamiento institucional. La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, quien hace siete años era mesera y llegó a una diputación por la suerte de una tómbola partidista, tiene hoy las riendas del estado. A su lado, como secretario general de Gobierno, está Pablo Francisco Bedoya, un hombre que hace un lustro administraba una ruta de camiones urbanos y cuyo mayor mérito parece ser la lealtad ciega al mandatario ausente.

No se trata de menospreciar los orígenes de nadie, sino de exhibir el nepotismo en su máxima expresión. La administración de Rocha Moya se ha dedicado a llenar la nómina de compadres, ahijados y socios, desplazando a la gente capaz para imponer a perfiles cuya única misión es obedecer. Tan es así que el primer acto público de Bonilla como gobernadora interina no fue garantizar la seguridad o la transparencia de su estado, sino declarar a los cuatro vientos que Rubén Rocha es inocente. Su inexperiencia e incondicionalidad la traicionaron, confundiendo el papel de jefa del ejecutivo estatal con el de abogada defensora.

Mientras estos personajes de utilería cuidan la silla, el legado real de Rocha Moya apesta a corrupción. Las dependencias estatales han sido rebasadas por licitaciones amañadas, cobro de «moches» y burócratas fantasma que cobran puntualmente sin trabajar, asfixiando incluso la autonomía de los municipios. Instituciones educativas y culturales han sido reducidas a escombros para desviar recursos hacia los intereses de un círculo íntimo y, presuntamente, criminal.

Y no nos engañemos: el caso de Rocha Moya es apenas la punta de la madeja. Esta es la peor crisis en la relación bilateral con Estados Unidos en tiempos de paz, y Washington ya tiene en la mira a otros gobernadores de Morena que presuntamente financiaron sus campañas con dinero del crimen organizado y el robo de combustible, entre ellos los de Baja California, Sonora y Tamaulipas. La exasperación estadounidense ante la inacción del gobierno mexicano está empujando las cosas a un límite peligroso, donde incluso la opción militar sigue sobre el escritorio de la Oficina Oval.

Sinaloa y México merecen la verdad. No merecemos administraciones manejadas por prestanombres políticos ni gobiernos que sacrifiquen la dignidad del país para proteger a quienes le abrieron la puerta de los palacios de gobierno a la impunidad y la corrupción. Es momento de desmontar esta estructura podrida y exigir que, al frente de nuestras instituciones, haya ciudadanos honestos y capaces, y no simples peones de un gobernador que hoy huye de la justicia disfrazado de político con licencia.