HOMO CHOYERUS

Por Nativus Pericuúm

Ayer, la explanada del Palacio Municipal de La Paz fue escenario de una manifestación de vendedores ambulantes que, con consignas duras y un tono beligerante, intentaron pintar a la administración local como un gobierno insensible. Rápidamente, los detractores y competidores políticos de Milena Quiroga Romero aprovecharon la ocasión para hacer caravana con sombrero ajeno, lanzando en diversos medios de comunicación una narrativa de supuesta «represión» y «falta de oportunidades». Pero en la política, como en la vida, las verdades a medias son las peores mentiras, y es momento de encender ese «Detector de Mentiras» que la propia alcaldesa anunció hace unos días para desmontar esta nueva campaña de guerra sucia.

Vamos a hablar con claridad de lo que realmente está pasando. Lo que vimos ayer no fue un movimiento social en defensa del trabajo digno; fue una reacción al orden y a la legalidad. El Ayuntamiento de La Paz ha establecido procedimientos claros a través de la Dirección de Comercio para que toda actividad económica se realice dentro del marco legal, pagando los impuestos correspondientes y operando con orden. La negativa rotunda de estos grupos a realizar sus trámites y regularizarse es lo que ha obligado a la autoridad a aplicar la ley.

Que la policía retire a quienes operan en la ilegalidad sin permiso, y que un juez cívico determine las responsabilidades, fijando multas o detenciones de hasta 36 horas, no es represión: es Estado de Derecho. Un gobierno de verdadera Transformación no puede ser rehén del chantaje ni permitir que el desorden se apodere de las calles que le pertenecen a todas y todos los paceños.

Pero si algo desenmascara el verdadero fondo político de esta manifestación, es la doble moral de quienes la encabezan. Gracias a una denuncia ciudadana que ha circulado y salido a la luz en las últimas horas, quedó en evidencia uno de los principales operadores de esta movilización: el comerciante Miguel Ángel Martínez Dávila. A este personaje se le vio ayer en primera fila, vestido de rojo, alentando la confrontación contra el gobierno municipal.

Lo que Martínez Dávila convenientemente olvidó mencionar en sus consignas es que él mismo pasó de ser beneficiario directo de Milena Quiroga a convertirse en un golpeador político. Apenas el pasado 21 de agosto, él fue uno de los comerciantes favorecidos con la histórica rehabilitación del callejón del Sears. Gracias a la gestión de la alcaldesa, esa zona se transformó por completo: se instaló nueva iluminación, pisos dignificados, puestos renovados, velarías y se creó un entorno seguro que elevó las condiciones de trabajo de decenas de familias. Hace meses recibía el apoyo directo del Ayuntamiento para mejorar su sustento, y hoy encabeza una revuelta para exigir que se tolere la ilegalidad. La incongruencia es absoluta y la pregunta cae por su propio peso: ¿es esta una causa legítima o una vulgar estrategia con tintes políticos?

La respuesta es evidente. Milena Quiroga está arrasando en las encuestas, liderando la intención de voto rumbo al 2027 con ventajas de más de dos dígitos sobre la oposición y consolidándose como la figura más fuerte de Morena a nivel nacional y estatal. Su exitosa penetración en Los Cabos y su línea directa con el Gobierno Federal tienen a sus adversarios sumamente nerviosos. Al no poder competir con ella en la arena de los resultados, los programas sociales, la gestión del agua o la seguridad, recurren a la vieja política: politizar el ordenamiento urbano y usar a líderes oportunistas para sembrar caos.

Afortunadamente, el pueblo de Baja California Sur es sabio. La ciudadanía exige calles ordenadas, comercio regulado y autoridades que no se doblen ante el chantaje de unos cuantos. Milena Quiroga ha demostrado que gobierna con firmeza y legalidad, garantizando el bienestar de la mayoría. Las protestas prefabricadas y la doble moral de operadores como Miguel Martínez no frenarán el avance de un proyecto que, a base de orden, resultados y verdad, camina con paso firme hacia el 2027.

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