¡A LA OPINIÓN PÚBLICA! : PAN-PES-PRI-PRD-HUMANISTA

En relación al veto total del Gobernador del Estado a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de 2021, asi como a las reformas de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual fue aprobado por los diputados de MORENA y PT; y con el carácter que ostentamos de representar los intereses de la población, los diputados del bloque del PAN-PES-PRI-PRD-HUMANISTA, creemos preciso aclarar lo siguiente:

1.- EL VETO EJERCIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, GARANTIZA LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO ESTATAL, PODERES PÚBLICOS Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL 2021.

El veto total del Poder Ejecutivo a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021, así como a las reformas de la Ley de Coordinación Fiscal, garantiza una atención eficiente a la pandemia del Covid-19, educación, seguridad pública y todos los rubros que se atienden con el Presupuesto de Egresos Estatal, toda vez que, al no haber sido este publicado, antes del 01 de enero de 2021, se aplica el presupuesto anual de 2020, que ascendía a $18,402,212,144 (dieciocho mil cuatrocientos dos millones, doscientos doce mil ciento cuarenta y cuatro pesos). El cual, en su momento se aprobó de manera mayoritaria por el pleno de Diputadas y Diputados, a finales del año 2019, por lo que su aplicación tiene legitimidad, constitucionalidad y legalidad. Salvaguardándose así, la operatividad de los Poderes Públicos y Órganos Autónomos del Estado.

2.- LOS DIPUTADOS DE MORENA Y PT, NO REALIZARON UN ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS IMPLICACIONES DE MODIFICAR LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS PARA ESTE AÑO, ASÍ COMO DE LOS APARTADOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LEY DE COORDINACION FISCAL.

El bloque de Diputadas y Diputados del PAN-PES-PRI-PRD-HUMANISTA, compartimos las razones expuestas por el Gobernador del Estado al ejercer el derecho al veto. Por eso votamos en contra de los dictámenes en materia fiscal y presupuestal que se presentaron ante el pleno en el mes de diciembre de 2020.

En declaraciones realizadas por los Diputados de MORENA y PT, han señalado erróneamente que, en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 que ellos aprobaron, únicamente recortaron los gastos de difusión y de la oficina del Ejecutivo, sin afectar temas como salud, educación y seguridad pública, lo cual es totalmente falso y solo pretenden confundir a la sociedad sudcaliforniana.

En este sentido, y contrario a lo señalado por los diputados, el “ajuste” al capítulo 2000 y 3000, el cual corresponde a servicios generales, materiales y suministros; también le aplica a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Educación Pública, al ser estas también Dependencias del Poder Ejecutivo y al no haberlas excluido de dicho ajuste en el artículo Cuarto Transitorio.

Dicho “ajuste” del 60%, tiene como impacto directo a conceptos esenciales para la operatividad de todas y cada una de las Dependencias del Poder Ejecutivo, lo que causaría afectaciones directas a la sociedad, por ejemplo:

Al reducir el 60% del recurso destinado para el pago del servicio de energía eléctrica, en principio habría se tendrían que reducir los horarios de atención al público y de servicios que prestan todas las dependencias del Poder Ejecutivo en ese mismo porcentaje, pero sería muy grave que instituciones como la Secretaría de Salud, de Seguridad Pública, de Educación, Subsecretaría de Protección Civil, así como Hospitales, quirófanos e instalaciones de Seguridad Pública dejarán de funcionar por la insuficiencia de recursos para cubrir el servicio de energía eléctrica.

Igualmente se estaría reduciendo en un 60% el monto de los recursos destinados a arrendamientos de las unidades y vehículos tipo patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, con la correspondiente afectación para atender las funciones de vigilancia y respuesta inmediata.

Dicha reducción también es aplicable a los recursos presupuestados para la atención de los daños y afectaciones causadas por fenómenos naturales, como es el caso de Tormentas y Huracanes, pues se ajusta en 60% el monto previsto para la contratación anual de un seguro que cubría dichos daños.

Esta afectación, además de ser relevante, es muy grave, ya que se deja totalmente desprotegida a la población ante la eventual llegada de estos fenómenos, máxime si recientemente desapareció el FONDEN, a nivel Federal.

Igualmente se afectaría la posibilidad de atender los daños que se causen en:

 • Carreteras Estatales o Municipales;

• Infraestructura Hidráulica;

• Infraestructura Urbana;

• Bienes e Infraestructura de Hospitales e Instituciones de Salud, y

• Bienes e Infraestructura del Sector Educativo.

Con la reasignación de 130 mdp del Aprovechamiento al Turista, y tomando en cuenta que dichos recursos  ya cuentan con un destino establecido en la Ley de Hacienda del Estado, se estarían tomando recursos autorizados en dicha Ley para dar atención a temas en materia de salud, como la atención de la contingencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus, en materia de educación como es el caso de la necesidad anual de la habilitación de un gran número de instalaciones y espacios educativos y la contratación de maestros, que presionan las finanzas Estatales básicamente por la alta migración hacia nuestra Entidad. En materia de seguridad pública, se estaría limitando la atención creciente de necesidades como la construcción de instalaciones, comandancias, comisarías, y la necesidad constante de incrementar el número y la capacitación de agentes policiales y cumplir las obligaciones asumidas con la Federación en relación al número de elementos, comúnmente conocido como “estado de fuerza”.

Si bien es cierto que, en la distribución establecida por el Congreso del Estado, se destinan recursos, por ejemplo, para el “apoyo” a escuelas, también lo es, que en dicha distribución no se estableció para que se iba a utilizar dicho “apoyo”, siendo esto un elemento esencial para la presupuestación y el ejercicio del gasto, lo que por supuesto pasaron por alto.

El recorte al gasto de comunicación social planteado por MORENA y PT es grave, ya que esta partida sirve para dar difusión a todas las medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria causadas por e COVID-19, para campañas en materia de educación, avisos y prevenciones en materia de seguridad pública y protección civil de la población, entre otras.

A través de los medios de comunicación, el Gobierno acerca información valiosa a la población de su interés, para la protección de su salud, de su vida, de su seguridad, de su educación, aspectos que son muy importantes y prioritarios en la vida de los sudcalifornianos.

Respecto al incremento de las participaciones de un 2% a los municipios, de aceptarse dicha reasignación, se tendría que pensar en despidos de personal eventual, maestros y asistentes educativos, en un 20 por ciento, ya que la nómina anual a este personal tiene un costo de cerca de 500 mdp, cuando la lógica y la necesidad indica que más que despedir personal, se requiere contratar anualmente un gran número, como es el caso de la proyección que la SEP Estatal tiene para 2021 de la necesidad de contratar 380 maestros eventuales.

Es importante señalar, que antes de esta reasignación, BCS es el Estado que más participaciones Federales entrega a los Municipios con el 24%, cuando la mayoría entrega el 22% y algunas entidades solo el 20%.

3.- LOS PRESUPUESTOS AUTORIZADOS, POR LO QUE RESPECTA A LOS RECORTES Y REASIGNACIONES, TENÍAN UN CARÁCTER EMINENTEMENTE ELECTORAL.

MORENA Y PT, reasignaron 300 millones de pesos para obras y acciones concertadas a  cambio de apoyos electorales.  Las obras y acciones ahí descritas, corresponden a las propuestas que 13 diputados de ese bloque repartieron, como si fuera una súper Secretaría de Obras Públicas. Que además adolecen de una fundamentación técnica.

Así mismo piden que, si se recaudan 100 millones mas del aprovechamiento al turista, este se destine a la atención al Covid-19, pero lo real es que, en términos económicos, es incierto que se pueda captar esa cantidad, debido a que la propuesta solo contemplaba captar 12 millones, por la caída de las visitas del turismo.

La realidad es que a MORENA y PT les molesta sobremanera que se diga que Baja California Sur dejara de recibir en 2021, más de 1500 millones de pesos del Gobierno Federal tanto en los Programas Federales como en las trasferencias que envía a Estados y Municipios. Les molesta que se diga que la federación no apoyó al Estado para enfrentar la emergencia Covid-19. En la inteligencia de que el Sector Salud Estatal, atiende a las clases populares, y para hacerlo, lo hizo con recursos propios.

Indebidamente, los Diputados de MORENA y PT, pretenden cubrir los gastos de COVID-19 del aprovechamiento al turista. Situación que NO garantiza tal recaudación de 100 millones como lo exponen, no existiendo un análisis de fondo, ya que la baja en el turismo en nuestro estado  es causado por la misma pandemia.

Estamos plenamente convencidos de que no se debe hacer política electoral con el presupuesto del Estado, como lo quieren hacer las Diputadas y los Diputados de MORENA y PT. No se puede jugar con las necesidades de los sudcalifornianos que esperan resultados de las dependencias del Gobierno del Estado, de los Poderes Públicos y Órganos Autónomos, que operan con el presupuesto que se aprueba en el Congreso del Estado. Será la sociedad quien juzgue este actuar faccioso.

Por último, manifestamos que, en materia presupuestal, el Congreso del Estado debe ser muy responsable y no afectar la operatividad de las instituciones que prestan servicios y obras a la población. Los instrumentos fiscales aprobados por las Diputadas y los Diputados de MORENA y PT, que motivaron el veto por el Gobernador del Estado, no se ajustaban a esta premisa.

Por lo tanto, es conveniente que, tal y como lo dice la norma constitucional local, se aplique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del anterior año 2020.

Es conveniente precisar, que, toda vez que el veto total de estos tres decretos ya fue entregado ante el Congreso del Estado, seguramente se le dará el trámite parlamentario que indica la Constitución y la ley reglamentaria del poder legislativo.

En esa sentido, anunciamos que votaremos en contra de cualquier dictamen que no atienda y subsane las observaciones de veto total planteadas por el Ejecutivo, y que por las razones expuestas pongan en peligro la operatividad del gobierno del estado, los poderes legislativo y judicial, así como de los órganos autónomos; quienes operan  anualmente con el presupuesto estatal, que propone el Poder Ejecutivo ante el Congreso del Estado, bajo el principio de colaboración de poderes.

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