La arenga

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

El lamentable espectáculo en el Congreso del Estado de Baja California Sur nos ha dejado claro que el servilismo cotiza más alto que la sensatez. Bajo la excusa de armonizar la Constitución Estatal y la Ley Orgánica Municipal con el tristemente célebre “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mayoría legislativa ha decidido aprobar de rodillas un paquete de reformas que destila ocurrencias, populismo barato y un evidente revanchismo político.

Afortunadamente, en medio de este circo de aplaudidores, emergieron las voces de la razón: la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros y el diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda. Hay que darles toda la razón, pues fueron los únicos con la valentía de subir a la tribuna para desnudar esta farsa. Con total lucidez, argumentaron en contra de un proceso legislativo que fue vergonzosamente apresurado, plagado de irregularidades y marcado por la confrontación. Saldaña y del Castillo pusieron el dedo en la llaga al señalar lo evidente: esto jamás fue una verdadera reforma electoral, sino una simple mezcolanza de cambios administrativos disfrazados de austeridad, impulsados únicamente por oscuras intenciones y cálculos políticos.

Limitar el presupuesto de las legislaturas locales al 0.70% del presupuesto de egresos, prohibir la reelección inmediata de los legisladores, y arrebatar de tajo prestaciones como los seguros de gastos médicos mayores o de separación para las autoridades electorales no es «democratizar» al país, es someterlo. Es un ataque directo a los contrapesos bajo el aplauso fácil del populismo.

Y hablando de aplausos fáciles, es imposible no soltar una carcajada llena de pena ajena al analizar la participación de la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, quien se ha consagrado como la indiscutible campeona del oportunismo rastrero. En un alarde de nulo compromiso con la ciudadanía que dice representar, Vázquez Jacinto se limitó a recitar el guion que le dictaron desde arriba. Según su conmovedora y ridícula defensa, este “Plan B” es el «primer paso para reducir privilegios» y la varita mágica que canalizará recursos hacia programas sociales, salud, educación e infraestructura para «cumplir los compromisos» de la presidenta.

¡Qué derroche de sátira involuntaria! La postura de Vázquez Jacinto se destroza sola frente a los hechos. Creer que desmantelar las condiciones laborales de los órganos electorales o imponer topes financieros draconianos va a construir mágicamente escuelas u hospitales, es insultar la inteligencia de los sudcalifornianos. Su discurso no es más que el eco vacío de quien busca desesperadamente congraciarse con el poder en turno. En lugar de legislar y analizar el impacto real de prohibir coberturas de pensiones privadas o cajas de ahorro para el Instituto Electoral local, Vázquez Jacinto prefiere actuar como la porrista oficial de un régimen experto en destruir instituciones.

Al final del día, el contraste es brutal. Mientras Lupita Saldaña y Fabrizio del Castillo actúan como verdaderos representantes populares, desnudando una reforma hecha al vapor y con el hígado, figuras como Guadalupe Vázquez nos recuerdan que siempre habrá quienes estén dispuestos a sacrificar el bienestar de las instituciones con tal de recibir una palmadita en la espalda. La historia y los ciudadanos juzgarán a quienes defendieron la legalidad y a quienes, con docilidad y obediencia ciega, firmaron este capricho disfrazado de ley.