La arenga

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

Ayer en la lamentable sesión del Congreso del Estado de Baja California Sur, fuimos testigos de un espectáculo que pasará a la historia no por su altura de miras, sino por su monumental descaro. Como si no hubiera sido suficiente presenciar la sumisión total de la mayoría al aprobar de rodillas la armonización del «Plan B» de la presidenta Claudia Sheinbaum, el circo nos tenía reservado un segundo acto estelarizado por la campeona indiscutible del oportunismo: la diputada morenista Guadalupe Vázquez Jacinto.

Para dar contexto a la osadía de esta legisladora, primero hay que recordar el fango retórico del que venía saliendo. Minutos antes, Vázquez Jacinto fungía como la porrista oficial de un paquete de reformas electorales lleno de ocurrencias y revanchismo político. Una reforma que asfixia a los órganos electorales limitando presupuestos al 0.70% de los egresos y arrebatando derechos laborales —como seguros médicos y cajas de ahorro— bajo un falso y vengativo discurso de austeridad. Frente a este atropello, fueron la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros y el diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda los únicos con la sensatez y valentía de subir a tribuna para desnudar la farsa. Ellos sí argumentaron con la razón en la mano, evidenciando que se trataba de un proceso legislativo apresurado, irregular y motivado puramente por intenciones políticas, no por un verdadero afán democratizador.

Pero la sinvergüenza no conoce límites. Acto seguido, tras aplaudir la destrucción institucional y recitar el guion de que el dinero mágicamente se iría a «salud e infraestructura», la diputada Vázquez Jacinto tuvo el descaro de regresar a la tribuna para presentar su propia utopía de cartón: una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.

¿Su gran propuesta? Fortalecer la regulación de fraccionamientos para garantizar áreas verdes, mejor planeación y mayor calidad en la infraestructura para las familias sudcalifornianas. Según la brillante epifanía de la diputada, ahora el Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos deberán celebrar convenios, promover viviendas de interés social y realizar auditorías técnicas sobre la pavimentación, drenaje y alumbrado de los desarrolladores antes de darles nuevos permisos. Además, exige graciosamente que del 10% del área de donación, un 60% se destine a parques y jardines.

¡Vaya nivel de cinismo y demagogia! Resulta verdaderamente hilarante ver cómo «La Lupe» intenta lavarse la cara y jugar a ser la gran defensora del pueblo tras haber avalado el desmantelamiento de los contrapesos democráticos. La misma diputada que festeja la mutilación financiera de las instituciones ahora pretende que, por decreto y arte de magia, el Estado y los municipios construyan desarrollos del primer mundo, realicen auditorías técnicas exhaustivas a las constructoras y mantengan jardines de ensueño. ¿Con qué capacidad operativa, diputada, si su máxima prioridad es la «austeridad» destructiva que le dictan desde el centro para cumplir los caprichos del poder?

Su iniciativa inmobiliaria no es más que una carta a los Reyes Magos, un compendio de buenas intenciones redactado para la foto y el aplauso fácil. Es el modus operandi del populismo rastrero: por un lado, se obedece ciegamente para destruir lo que funciona y someter a las autoridades electorales, y por el otro, se miente descaradamente prometiendo un «crecimiento urbano ordenado» que jamás se materializará en la realidad porque carece de sustento y viabilidad real.

El contraste sigue siendo brutal y aleccionador. Mientras legisladores como Lupita Saldaña y Fabrizio del Castillo demuestran un compromiso auténtico al defender la legalidad frente al autoritarismo, figuras de utilería como Guadalupe Vázquez nos confirman que su única lealtad es hacia el oportunismo. Destrozar la democracia para luego ofrecer parques de papel; esa es, en resumen, la triste y ridícula herencia de quienes traicionan a su estado por una palmadita en la espalda.