La arenga

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

Durante años, el municipio de Los Cabos ha padecido un mal crónico que afecta directamente la calidad de vida de sus habitantes: la pérdida de áreas de donación debido a la opacidad y a la corrupción entre autoridades y desarrolladores inmobiliarios. Ante este panorama desolador que deja a las colonias sin parques ni escuelas, la iniciativa impulsada por la diputada Alondra Torres García representa un firme recordatorio de cuál debe ser la verdadera labor de un representante popular: defender a la gente y su derecho a la ciudad.

El caso del fraccionamiento Country del Mar, en San José del Cabo, ilustra a la perfección el despojo al que se enfrentan muchas comunidades. Se trata de un predio de más de 3,300 metros cuadrados que, desde su origen y según los registros catastrales hasta 2024, estaba destinado a ser un área verde, de donación y no edificable. Han sido los propios vecinos quienes, desde el año 2009, han luchado por preservar y dar vida a este espacio mediante jornadas de limpieza, reforestación y la instalación de juegos infantiles. Incluso, la vocación comunitaria del predio es innegable, ya que alberga en su subsuelo infraestructura vital como tuberías de agua potable y líneas de la Comisión Federal de Electricidad.

A pesar de esto, la súbita aparición de un letrero de «Propiedad Privada» en 2025 fue una bofetada a los residentes. Es precisamente aquí donde la intervención de la diputada Alondra Torres merece un reconocimiento contundente. Gracias a su punto de acuerdo, aprobado por unanimidad en el Congreso del Estado de Baja California Sur, se ha dado un paso decisivo para frenar este atropello.

Torres García no se limitó a la simple queja, sino que articuló una exigencia clara al Ayuntamiento de Los Cabos para que asuma su responsabilidad legal, esclarezca la situación del predio y garantice su uso colectivo. Además, demostrando una visión resolutiva, la diputada puso sobre la mesa una alternativa valiente: solicitar al Ejecutivo estatal la expropiación del terreno por causa de utilidad pública en caso de que las vías legales ordinarias se agoten, asegurando así su destino formal como parque.

Como atinadamente se mencionó durante el debate legislativo, este es un tema que «le duele a Los Cabos». Atender estas exigencias es obligación de regidores, alcaldes y legisladores, pues está en juego el derecho fundamental de las personas al esparcimiento. La actuación de Alondra Torres demuestra que, con verdadera voluntad política, es posible enfrentar la privatización de nuestro patrimonio colectivo. Es momento de que las autoridades municipales sigan su ejemplo, respeten la ley y le devuelvan a la comunidad de Country del Mar lo que por derecho y por justicia le pertenece.