La arenga

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

El acceso a la justicia en nuestro sistema legal se ha convertido, lamentablemente, en la excepción y no en la regla. Durante años, la ciudadanía ha padecido un diseño normativo vigente que, en lugar de actuar como un verdadero mecanismo de pacificación, termina reafirmando dolorosas condiciones de pobreza, discriminación y violencia que atentan directamente contra la dignidad de las personas. Es en este crítico contexto donde la reciente iniciativa del diputado Fernando Hoyos Aguilar emerge como una medida sensata y una propuesta que merece el respaldo de la sociedad y del gremio legislativo.

La propuesta legislativa de Hoyos Aguilar busca homologar la normativa del Código Civil de Baja California Sur (BCS) con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Al proponer la adición de diversos artículos al código estatal, el diputado apunta al corazón del problema: la urgencia de contar con procedimientos verdaderamente ágiles y certeros que aceleren los tiempos en los que se resuelven las controversias civiles y familiares. Esto permitirá dotar a las y los ciudadanos de mecanismos jurídicos efectivos para que el Estado pueda resolver de forma directa los conflictos suscitados.

Uno de los mayores aciertos de Fernando Hoyos es su preciso y crítico diagnóstico sobre la realidad que enfrentan los ciudadanos de a pie. El legislador ha señalado con agudeza que la impartición de justicia actualmente carece de comprensibilidad y frecuentemente padece de insensibilidad por parte de los operadores jurídicos. Esto reduce significativamente la brecha de justicia y crea un círculo vicioso inaceptable, en el que el desconocimiento de los derechos por parte de la población hace que sea casi nula la exigencia de su cumplimiento.

Al promover la regulación de las relaciones personales, patrimoniales y familiares mediante esta homologación, no solo se busca la eficiencia burocrática, sino un objetivo mucho más profundo: fomentar y recuperar la confianza institucional, cumpliendo así con el mandato constitucional de hacer realidad la «justicia cotidiana».

Ahora que la iniciativa ha sido turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, es imperativo que sus homólogos reconozcan su valor y pertinencia. Brindar mayor certeza jurídica a las familias y a los ciudadanos no es una cuestión menor. La iniciativa de Fernando Hoyos Aguilar es un acierto rotundo para acercar las leyes a la gente y para humanizar nuestras instituciones, un paso fundamental para garantizar que el Estado de derecho proteja verdaderamente a quienes más lo necesitan.