Por Juan Carlos Méndez Ramírez
Contundente freno de Erick Ivan Marca la Agenda Nacional
Baja California Sur necesita representantes que entiendan que no se va al Congreso a perder el tiempo, sino a traducir las urgencias sociales en acciones concretas. En este sentido, el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes vuelve a dar una muestra clara de su pericia y sensibilidad legislativa, demostrando que su labor no se detiene y continúa aportando resultados para la gente. Tras impulsar una visión integral para modernizar y transparentar el Poder Judicial en el estado, ahora pone el dedo en la llaga en un tema cotidiano que vulnera a miles de sudcalifornianos: el manejo abusivo de nuestros datos personales por parte de las compañías telefónicas.
Desde la máxima tribuna del estado, y haciendo gala de la elocuencia que caracteriza sus posicionamientos, el legislador ha propuesto un Punto de Acuerdo fundamental: exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que exija a empresas de telecomunicaciones en BCS —como Telcel, AT&T, Movistar y BAIT— el cumplimiento cabal de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Como bien afirmó Agundez Cervantes, la intención no es prejuzgar irregularidades a la ligera, sino garantizar que “la protección de los datos personales sea real, tangible, específica y legal”. Hoy en día, es una práctica común que estas compañías exijan a los usuarios capturar datos personales y biométricos como condición ineludible en sus contratos de adhesión a cambio de prestar el servicio celular. Esto ha provocado una profunda y justificada incertidumbre en la ciudadanía respecto al verdadero consentimiento que otorgan sobre su información más íntima.
Si bien es innegable que las telecomunicaciones son una herramienta esencial en la vida moderna por su capacidad para cerrar la brecha digital y fomentar la inclusión social, esto no debe ser un cheque en blanco. El promovente advirtió con firmeza sobre los riesgos de permitir estos vacíos legales, ya que la falta de garantías por parte de la PROFECO expone a los ciudadanos a daños físicos y morales graves, tales como el robo de identidad o el mal uso de fotografías, correos y mensajes por parte de terceros sin autorización.
El hecho de ceder información a las telefónicas no debe ser sinónimo de que nuestros datos se compartan indiscriminadamente con bancos, negocios, tarjetas de crédito y agencias de anuncios. El legislador recordó que este ejercicio comercializado está estrictamente prohibido por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la propia Ley General de Protección de Datos Personales.
Esta nueva propuesta, que ha sido turnada a la Comisión de Asuntos Comerciales y Turísticos, confirma lo que ya habíamos observado en su reciente trabajo legislativo: Erick Ivan es quien pone el ejemplo al interior de la asamblea legislativa, erigiéndose como un verdadero parlamentario. Su capacidad para identificar los problemas que lastiman los derechos de los consumidores y enfrentarlos de manera institucional, reafirma su innegable visión de Estado.
Dar la batalla por la privacidad ciudadana frente a los gigantes de las telecomunicaciones es un acto que requiere valor y una sólida preparación jurídica. Con acciones contundentes como esta, queda claro que de esta clase de políticos, preparados, valientes y comprometidos, es de los que verdaderamente necesita el pueblo.
La arenga 
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