La arenga

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

En un panorama político donde las prioridades gubernamentales parecen alejarse cada vez más de las necesidades ciudadanas, la postura firme de Roxana Higuera Espinoza, Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California Sur, surge como un recordatorio indispensable de lo que está en juego para nuestra democracia. Su denuncia sobre el financiamiento de regímenes autoritarios en el extranjero, mientras México y nuestro estado atraviesan crisis profundas, pone el dedo en la llaga de una gestión que prefiere exportar recursos que atender sus propias deudas sociales.

Higuera Espinoza ha sido clara: el gobierno federal, encabezado por Morena, está siguiendo un camino que pone en riesgo la estabilidad institucional del país, replicando modelos que han llevado a naciones como Venezuela al colapso. Resulta alarmante, como ella señala, que mientras las familias mexicanas enfrentan una inseguridad creciente, desabasto de medicamentos y servicios básicos deficientes, el gobierno opte por enviar millones de barriles de petróleo y combustible a dictaduras como la cubana. Este desmantelamiento de PEMEX, una institución que debería ser el baluarte de nuestra soberanía energética, para «regalar lo que no tenemos», es una decisión que Higuera califica acertadamente como un compromiso irresponsable de los recursos nacionales.

El cuestionamiento de la dirigente priista es, ante todo, un acto de representación para los sudcalifornianos. No es posible ignorar que en Baja California Sur padecemos problemas críticos de agua, falta de infraestructura y un sistema de salud rebasado, mientras los recursos se desvían hacia regímenes que desprecian la libertad. ¿Cómo se explica a una familia que paga gasolina cara que sus impuestos y recursos están financiando ideologías ajenas en lugar de mejorar la seguridad de su colonia?.

Finalmente, el compromiso de Roxana Higuera por defender la democracia, la libertad y las instituciones es la base de un liderazgo que busca proteger el futuro de Baja California Sur frente al autoritarismo. Su llamado a que el gobierno atienda los problemas nacionales y deje de regalar el patrimonio que pertenece a todos los mexicanos no es solo una crítica política, sino una exigencia de justicia social y coherencia gubernamental que debe ser escuchada. En tiempos de incertidumbre, defender a las familias y a los municipios del país es la única ruta posible hacia el bienestar real.