La arenga

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

Karina Olivas Parra ha dado un paso firme y responsable al presentar ante la XVII Legislatura de Baja California Sur una iniciativa que protege a las niñas, niños y adolescentes frente a cirugías estéticas innecesarias y peligrosas. En un contexto donde México ocupa uno de los primeros lugares mundiales en procedimientos estéticos, la propuesta de la diputada del Partido del Trabajo responde a una urgencia ética y sanitaria: impedir que la ambición, la negligencia o la falta de escrutinio pongan en riesgo la vida y el desarrollo de menores de edad.

La iniciativa para reformar el Artículo 343 del Código Penal estatal no es un ataque a la medicina legítima, sino una delimitación clara entre intervenciones reconstructivas que mejoran la calidad de vida y procedimientos meramente cosméticos y prematuros. Al aumentar las sanciones para la práctica indebida del servicio médico y precisar responsabilidades —incluyendo la necesidad de consentimiento expreso de los padres o tutores y dictámenes médicos y psicológicos cuando proceda— se construye un marco de protección integral que favorece la prevención y la rendición de cuentas.

Detrás de esta iniciativa late la memoria de Paloma Nicole Arellano y el movimiento “Ley Nicole”, cuyo dolorosa pérdida evidenció fallas regulatorias, falta de especialización y omisiones de quienes debían velar por la seguridad de una adolescente. Olivas ha hecho bien en tomar esa voz colectiva y transformarla en política pública: solo a partir de normas claras y sanciones disuasorias se puede limitar el margen de impunidad y prevenir tragedias evitables.

Políticamente, la diputada demuestra oficio y responsabilidad: prioriza los derechos de la infancia, articula argumentos con respaldo técnico y social, y pone en la agenda una reforma que convoca a la comisión correspondiente para su análisis. Ese equilibrio entre sensibilidad social y rigor jurídico es el que exige la ciudadanía y el que merece reconocimiento público.

La iniciativa merece el respaldo de legisladores de todas las fuerzas, de las asociaciones médicas, y de la sociedad civil. Apoyarla es respaldar el principio elemental de que los menores no deben convertirse en objetos de modas riesgosas ni en víctimas de prácticas médicas improvisadas. Es, en suma, apostar por un Estado que protege la vida y la dignidad desde la prevención y la legalidad.

Karina Olivas ha mostrado liderazgo y convicción. La sociedad sudcaliforniana debe reconocer su iniciativa no solo como una respuesta a una tragedia, sino como una política responsable y necesaria para garantizar un entorno más seguro para las nuevas generaciones. Que la Ley Nicole avance en el Congreso es un deber moral y político: cuidar de nuestros niños es invertir en el futuro.