Por Juan Carlos Méndez Ramírez

La Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social, conformada por los diputados Sergio Guluarte Ceseña, presidente; Fernando Hoyos Aguilar y Venustiano Pérez Sánchez, secretarios, ha demostrado un compromiso, trabajo y ejemplo sin precedentes ante el Congreso del Estado. La iniciativa que han presentado para reformar el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur es un acto crucial que armoniza la legislación local con los derechos fundamentales.

Este cuerpo legislativo ha asumido la responsabilidad de dar cumplimiento inmediato y riguroso a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida en la acción de inconstitucionalidad 181/2023. Su trabajo asegura la reviviscencia de la porción normativa que protege a las mujeres en etapa de lactancia.

El compromiso de estos diputados es doblemente encomiable, pues la reforma no solo obedece a un mandato legal, sino que mejora sustancialmente la calidad de vida de las trabajadoras. La iniciativa establece que las trabajadoras tendrán el derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora, para amamantar a sus hijos o realizar la extracción manual de leche. Este trabajo garantiza que dichos descansos se realizarán en un lugar adecuado e higiénico designado por la institución o dependencia. Este enfoque garantiza la dignidad y la salud, reconociendo las necesidades reales de la maternidad y la vida laboral.

Además de la protección a la lactancia, el ejemplo sin precedentes de este grupo de diputados radica en su visión de igualdad de género y corresponsabilidad parental. La propuesta legislativa ajusta las licencias de paternidad y adopción a 3 meses. Este ajuste no es solo una modificación burocrática; es un paso fundamental para asegurar el ejercicio de una corresponsabilidad parental efectiva en condiciones de igualdad.

La labor de los diputados Guluarte Ceseña, Hoyos Aguilar y Pérez Sánchez se alinea con los principios más elevados de la ley: el interés superior de la niñez, la no regresividad y el derecho a una vida libre de violencia. Su dedicación y trabajo son un modelo de cómo la legislación debe transformarse para reflejar las realidades sociales y las exigencias de justicia dictadas por la SCJN.

Aunque el proyecto de decreto contempla la entrada en vigor de las reformas el 1 de enero de 2026, una vez publicadas, el compromiso y el liderazgo mostrados hoy por esta Comisión son el verdadero testimonio de una función pública dedicada a proteger a la familia y avanzar en la equidad laboral. Su iniciativa sienta un precedente que debe ser imitado a nivel nacional, demostrando que el trabajo legislativo puede ser una herramienta poderosa para el progreso social.

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