Por Juan Carlos Méndez Ramírez

Hoy la visión y el compromiso de la Diputada Alondra Torres García, En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha dado un paso fundamental hacia la protección de los grupos más vulnerables al presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Judicial de Baja California Sur (PJEBCS) a instaurar Juzgados Especializados en Órdenes de Protección Victimal en Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé.

La necesidad de esta acción es innegable, cimentada en datos que nos obligan a actuar. El fenómeno de la violencia sigue siendo una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas en el país. Específicamente en Baja California Sur, la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 reveló que el 63.3% de las mujeres sudcalifornianas de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Ante este panorama, la Diputada Torres García ha buscado fortalecer los mecanismos de protección, replicando un modelo que ya ha demostrado «resultados tangibles favorables» en La Paz. Con la instalación del primer Juzgado Especializado en Órdenes de Protección en el Centro de Justicia para las Mujeres en La Paz, BCS se ha posicionado como la segunda entidad federativa del país en poner en marcha esta modalidad de órgano jurisdiccional especializado.

Es crucial extender este modelo, especialmente considerando el incremento de denuncias por violencia familiar en municipios como Los Cabos y la dispersión territorial en las zonas del norte. La propuesta garantiza el acceso oportuno a la justicia y la protección estatal a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y a personas con discapacidad, y cualquier otro grupo vulnerable.

La aprobación de este exhorto por el Pleno de la XVII Legislatura demuestra que la defensa de la víctima trasciende las diferencias políticas y hay que reconocer la postura firme de los legisladores que respaldaron la propuesta de la Diputada Torres García.

La Diputada Karina Olivas Parra a quien se ha ganado el cariño de los paceños que la mencionan de cariño como «el Corazon de la Paz» por su entrega sincera a defender a los mas necsitados y su gran calidad humana, se mostró a favor de la medida. Ella recordó la importancia de legislaciones previas en la lucha contra la violencia de género, como la Ley Melanie, Ley Alina, Ley Monse y Ley Monzón, e hizo hincapié en que BCS es el estado con el mayor número de violencia familiar, registrando 350 llamadas de auxilio.

Finalmente, el Diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda manifestó su voto de manera aprobatoria. Su intervención fue vital para mejorar la terminología de la propuesta, solicitando la modificación del concepto “Personas con capacidades diferentes” por el de “Personas con Discapacidad”. El Diputado también conminó a la sociedad y a las autoridades a trabajar no solo un día, sino los 365 días del año para abatir la violencia.

La implementación de estos juzgados en los cuatro municipios restantes es un llamado directo a la Magistrada Claudia Jeanette Cota Peña, presidenta del tribunal, para que evalúe y acelere la instalación de estos centros de protección. Este acuerdo impulsado por la Diputada Alondra Torres García es un faro de esperanza que reafirma el compromiso del Poder Legislativo para transformar el acceso a la justicia de miles de sudcalifornianos.

La Legislatura, al aprobar esta medida, actúa como una llave maestra que abre la puerta de la justicia especializada, asegurando que, sin importar la distancia geográfica, la protección no sea un privilegio, sino un derecho accesible y oportuno.

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