Por Juan Carlos Méndez Ramírez
La diputada Gabriela Montoya Terrazas presentó una iniciativa que busca tipificar formalmente el delito de violencia de género en el Código Penal del estado.. Esta propuesta no es solo una reforma legislativa; es una declaración de principios que afirma que no habrá silencio ni normalización ante ninguna forma de agresión hacia las mujeres.
Montoya Terrazas, legisladora del PT, ha reconocido públicamente que la violencia contra las mujeres persiste en múltiples dimensiones, incluyendo la política, simbólica, verbal, institucional y económica. Lo más alarmante, como ella misma señaló, es que esta agresión a menudo se disfraza o se normaliza bajo pretextos como la «opinión», la «crítica» o los «usos y costumbres». Es imperativo que el marco legal de BCS se ajuste a esta realidad, y la iniciativa de la diputada ofrece precisamente esa corrección.
La propuesta legislativa busca modificar la denominación de un capítulo y el artículo 390 del Código Penal del Estado para crear el delito de violencia de género contra las mujeres. Esta tipificación consideraría como delito una amplia gama de agresiones: amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación de las mujeres. Además, garantiza la inclusión de cualquier tipo de violencia reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la legislación estatal.
Es crucial destacar la firmeza con la que la diputada ha defendido esta causa desde la tribuna, posicionándose no solo como legisladora, sino también como mujer. Montoya Terrazas ha confrontado directamente el sexismo sistémico que cuestiona la legitimidad de las mujeres en espacios de decisión. Expresó el hartazgo de que se les quiera «empequeñecer» y de que se les pregunte quién las «permitió» llegar, mientras que a los hombres se les cuestiona por su experiencia. Su respuesta es contundente: «Nosotras llegamos porque trabajamos. Porque luchamos. Porque merecemos estar aquí”.
Esta convicción se traduce en acciones concretas. La iniciativa plantea sanciones significativas para quienes acrediten este delito, estableciendo penas de prisión que van de seis meses a seis años, junto con multas considerables que oscilan entre cincuenta y quinientas veces el valor diario de la UMA.
Mientras sea diputada en Baja California Sur, Montoya Terrazas ha prometido que su labor será legislar, denunciar, acompañar y construir, aunque ello implique «incomodar», pues la igualdad, como argumenta, nunca ha llegado con comodidad, sino con valentía.
Finalmente, su llamado a las mujeres del estado a fortalecer la sororidad es vital, pues subraya que solo a través de la unidad se avanzará en el pleno reconocimiento de los derechos, asegurando: “No estamos solas. Nuestra voz importa. Nuestro liderazgo importa. Y este Congreso también es de todas”.
Es oportuno hacer un llamado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, y de Igualdad de Género, que hoy tienen la propuesta en sus manos para su análisis, a que actúen con la urgencia y la visión que este tema merece. La iniciativa de la diputada Gabriela Montoya es un paso indispensable para transformar la ley en una herramienta efectiva contra la discriminación y la agresión, asegurando que la violencia de género, en cualquiera de sus disfraces, sea sancionada con la fuerza que el Estado de Derecho exige.
La arenga 
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