La arenga

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Por Juan Carlos Méndez Ramírez

El Congreso del Estado de Baja California Sur dio un paso formalmente importante al aprobar la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una legislación que busca garantizar el derecho humano de acceso a la información y promover la rendición de cuentas. No obstante, la trascendencia de esta ley se ve empañada por la burda teatralidad de quienes se erigen como sus principales voceros.

Mientras la ley avanza con el objetivo de consolidar los principios de máxima publicidad, igualdad y no discriminación, la atención debe centrarse en quienes demostraron tener una agenda genuina, y no solo una plataforma para el lucimiento personal.

Hablemos, primero, de la verdadera aportación. El diputado Fabrizio del Castillo Miranda fue una de las figuras clave en la presentación de estas iniciativas. Su compromiso no se limitó a discursos vacíos sobre un «gobierno abierto» (un cliché fácil de aplaudir), sino que se enfocó en la garantía de los derechos tangibles. En un acto de sensatez y justicia, el legislador Del Castillo Miranda solicitó y logró la aprobación de una reserva fundamental para garantizar los derechos laborales de las personas servidoras públicas del nuevo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto es liderazgo: velar por quienes, desde la trinchera burocrática, tendrán la pesada labor de implementar esta ley.

Ahora, contrastemos esta acción con la figura que, por pura inercia política y el cargo de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, intentó apropiarse del brillo. Nos referimos a ese junior oportunista que, sin mérito alguno para ocupar su curul, presume de haber parido la transparencia en Baja California Sur: Eduardo Van Wormer Castro.

¡Vaya cinismo! El diputado Van Wormer se atrevió a destacar que esta nueva ley permitirá un acceso más amplio y efectivo a la información pública en la Entidad, y que consolidará la transparencia y el gobierno abierto. ¿Gobierno abierto? El pueblo, que no es tonto, se pregunta cómo puede un mentiroso por vocación y demagogo profesional hablar de «rendición de cuentas» cuando su reputación lo estigmatiza como un «coyote político» cuyo antecedente más conocido es la presunta extorsión sistemática a presidentes municipales.

Cuando Van Wormer habla de «sanciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia», el eco de sus palabras resulta hueco y risible. ¿Acaso pretende sancionar a otros por la opacidad que él mismo, supuestamente, promueve al solicitar mordidas millonarias para «ayudar» a aprobar cuentas públicas y partidas presupuestarias? Sus argumentos en favor del «uso obligatorio de la Plataforma Nacional de Transparencia» y los «datos abiertos» se desmoronan bajo el peso de la sospecha y la falta de calidad moral.

La Ley de Transparencia es una herramienta vital. Su esencia—prohibir reservar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o establecer un Instituto de Transparencia—es necesaria. Pero cuando un oportunista político se cuelga la medalla, el mensaje se distorsiona.

A diferencia del diputado Del Castillo, cuyo logro es concreto y protector de los derechos laborales, el «mérito» de Van Wormer se limita a leer en tribuna un guion que desdice su trayectoria, como si un pirata se pusiera a dar sermones sobre honestidad fiscal. Baja California Sur merece promotores de transparencia cuya ética esté a la altura del cargo, no figuras cuya principal habilidad parezca ser la de extorsionar el erario para beneficio propio. La transparencia no se decreta; se vive. Y el pueblo sabe perfectamente distinguir el eco sincero del discurso tramposo.