La arenga

La imperiosa necesidad de regular el arrendamiento habitacional

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

La crisis de vivienda en Baja California Sur (BCS) ha alcanzado proporciones alarmantes, poniendo en jaque la estabilidad económica y la cohesión social de la región. Frente a esta realidad innegable, la iniciativa presentada por la diputada Alondra Torres García no es solo oportuna, sino esencial para proteger el derecho fundamental a una vivienda digna. Es nuestro deber como sociedad y como medio apoyar decididamente esta propuesta de ley.

Los datos son contundentes y exigen una intervención inmediata: los precios de la vivienda en el estado han experimentado un incremento desmesurado, superando el 80% en tan solo cuatro años. Hoy, el costo de rentar o comprar en BCS excede al de muchas áreas de la Ciudad de México, mientras que los ingresos locales no logran seguir el ritmo de estos aumentos. Específicamente, en municipios clave como La Paz y Los Cabos, el aumento de precios y rentas ha sido drástico.

Las cifras promedio son aterradoras. Según estudios recientes, los arrendamientos en BCS alcanzan un promedio de 26,715 pesos mensuales, una cifra que supera los promedios de estados como Nuevo León (26,535 pesos) y la Ciudad de México (25,615 pesos). En la capital, La Paz, los costos de renta ya oscilan entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales, incluso en zonas periféricas.

Esta espiral de costos inasumibles tiene una consecuencia directa y dolorosa: el desplazamiento de la gente originaria a las orillas de las ciudades debido a rentas impagables, un fenómeno conocido como gentrificación.

La propuesta de la diputada Torres García, la Ley para la Regulación del Arrendamiento Habitacional y Protección del Derecho a la Vivienda del Estado de Baja California Sur, es la herramienta legal que el estado necesita para hacer frente a esta crisis. La iniciativa busca garantizar el derecho a la vivienda, frenar la gentrificación y fortalecer el mercado de arrendamiento con equidad social y certeza jurídica.

La legisladora ha sido clara: la ley pretende establecer límites y constituir la base de incrementos en los precios inmobiliarios de BCS. Además, esta regulación no solo beneficia al arrendatario. La creación de un marco regulatorio sólido significa ofrecer protección tanto a arrendadores como a arrendatarios, lo que consecuentemente fomentará la estabilidad económica y promoverá la justicia social en el acceso a la vivienda.

Alondra Torres García ha manifestado que su iniciativa busca compaginar el marco jurídico estatal con la política nacional de vivienda y con los compromisos internacionales en materia de desarrollo urbano sostenible. Su liderazgo en este tema crucial demuestra un compromiso con el bienestar de los habitantes de BCS.

Apoyar la Ley para la Regulación del Arrendamiento Habitacional es apoyar la certeza jurídica, la estabilidad económica y, sobre todo, el derecho inalienable de las familias de Baja California Sur a permanecer en sus hogares y comunidades sin ser desplazadas por la avaricia del mercado. Es tiempo de que el congreso estatal respalde la visión de la diputada Torres García y apruebe esta legislación fundamental.