La arenga

En un mundo donde el turismo busca nuevas sendas y la sostenibilidad se erige como pilar fundamental, la diputada Cristina Contreras Rebollo emerge con una propuesta que no solo moderniza nuestra legislación estatal, sino que redefine la esencia misma del desarrollo turístico en Baja California Sur. Su iniciativa, que hoy analiza la Comisión de Asuntos Comerciales y Turísticos del Congreso del Estado, es más que una simple reforma; es una declaración de principios que posiciona a las comunidades en el corazón de nuestra estrategia de desarrollo.

La visión de la diputada Contreras es clara y profunda: eliminar la definición conjunta de turismo rural y comunitario para dar vida a un nuevo capítulo, el VII, específicamente dedicado al «Turismo Comunitario». Esta separación no es un mero tecnicismo; es un acto deliberado que permite establecer con precisión sus principios rectores, mecanismos de fomento, institucionalidad y criterios de evaluación. Al hacerlo, se garantiza que la legislación estatal se armonice plenamente con los imperativos del desarrollo sostenible, la economía social y el reconocimiento inalienable de los derechos colectivos de los pueblos. Es un paso audaz para fortalecer nuestro marco legal con figuras modernas y adaptadas a la riqueza y diversidad de nuestra realidad local.

Esta audaz propuesta persigue un triple propósito transformador. Primero, busca una cohesión legislativa que refleje los valores de nuestra era, asegurando que el crecimiento económico se entrelace intrínsecamente con la equidad social y la protección ambiental. Segundo, ofrece una anhelada seguridad jurídica a las comunidades organizadas, permitiéndoles participar en el sector turístico bajo modelos solidarios, libres de incertidumbre y con la certeza de un marco legal que las respalda. Finalmente, y no menos importante, fortalece nuestra legislación con herramientas que reflejan la vitalidad y el carácter único de cada rincón de nuestra tierra. La propuesta incluso faculta a la Secretaría de Turismo para diseñar, en coordinación con el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, universidades públicas y las propias organizaciones comunitarias, esquemas de certificación y evaluación participativa, un verdadero testimonio de un enfoque colaborativo y empoderador.

Pero quizás lo más trascendente de la iniciativa de la diputada Cristina Contreras es su filosofía central: el turismo comunitario como una estrategia de desarrollo que, de manera inequívoca, «coloca a las comunidades anfitrionas en el centro del proceso turístico». Esto no es retórica; es un compromiso tangible con la autonomía de quienes habitan y custodian nuestros paisajes, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Bajo esta nueva visión, el Estado se compromete a reconocer, promover y respetar la independencia de las comunidades organizadas que decidan emprender esta actividad, brindando un acompañamiento institucional que nutre y facilita, sin jamás interferir en sus formas internas de organización, su soberanía en la toma de decisiones o la justa distribución de los beneficios generados. Es un modelo de apoyo que empodera, que confía en la sabiduría local y que celebra la capacidad de autogestión.

La propuesta de la diputada Cristina Contreras Rebollo es, sin duda, un hito que marca un antes y un después en la forma en que concebimos el turismo en Baja California Sur. Es la materialización de un entendimiento profundo de que el verdadero progreso turístico no se mide solo en cifras de visitantes, sino en el bienestar, la dignidad y el empoderamiento duradero de nuestras comunidades. Es tiempo de que esta iniciativa sea abrazada con la misma convicción y elocuencia con la que fue concebida. Apoyar esta reforma es apostar por un futuro donde el turismo en Baja California Sur sea sinónimo de justicia, equidad y respeto por el espíritu inquebrantable de su gente.