La arenga

Por Juan Carlos Méndez Ramírez

La Paz, Baja California Sur, se encuentra una vez más en el ojo del huracán debido a las prácticas cuestionables de la influyente familia Coppola Jofroy. Lo que comenzó como un conflicto laboral legítimo ha escalado a un preocupante intento de sabotaje, revelando una vez más el modus operandi de las élites económicas locales que buscan imponer sus intereses por encima de la ley y los derechos de los trabajadores.

Las denuncias públicas son contundentes: la familia Coppola Jofroy estaría orquestando una campaña de desinformación y utilizando maniobras deshonestas para deslegitimar la huelga de un grupo de trabajadores organizados. En el centro de esta estrategia se encuentran figuras clave estrechamente vinculadas a los Coppola: el abogado José Inzunza, yerno de uno de los hermanos, y el ingeniero valuador Juan Loya Flores.

La participación de José Inzunza resulta particularmente reveladora. Su reciente aparición en un video de TikTok, donde busca desprestigiar la lucha laboral en curso, levanta serias interrogantes sobre su objetividad. Su cercanía familiar con los Coppola Jofroy lo convierte, a ojos de trabajadores y observadores, en un operador directo de los intereses patronales, actuando como un «vocero encubierto» para confundir a la opinión pública con un discurso parcial y tendencioso. Este intento de influir en la percepción pública a través de las redes sociales es una táctica moderna pero igualmente preocupante de manipulación.

Paralelamente, la actuación del ingeniero valuador Juan Loya Flores añade un elemento aún más grave a este entramado. La presentación de un avalúo inmobiliario escandalosamente inflado de un estacionamiento en el centro de La Paz, tasándolo en más de 300 millones de pesos cuando su valor real se estima en no más de 10 millones, no puede interpretarse sino como una maniobra fraudulenta de presión y distorsión a favor de los Coppola Jofroy. Este «peritaje a modo», carente de sustento técnico, busca claramente influir en el proceso judicial, torciendo la balanza a favor de los intereses empresariales de la familia.

Desde una perspectiva más amplia, este episodio no es un hecho aislado. Revela una pauta histórica de la familia Coppola Jofroy, quienes, según las denuncias, han utilizado consistentemente sus conexiones y recursos para inclinar la balanza a su favor en diversos conflictos. En lugar de afrontar directamente el conflicto laboral, han optado por mover fichas como Inzunza y Loya, quienes operan bajo una fachada de neutralidad que no es más que una máscara para encubrir los intereses familiares y económicos.

La intervención de estos personajes no solo pone en tela de juicio su integridad profesional, sino que también mina la confianza pública en los mecanismos de justicia. La utilización de peritos complacientes y voceros familiares disfrazados de expertos representa una forma de manipulación que atenta directamente contra los principios de equidad y legalidad que deberían regir en una sociedad democrática.

Es crucial que la ciudadanía de La Paz y de Baja California Sur no se deje engañar por estas estrategias mediáticas y por los operadores del poder económico. Lo que está en juego trasciende la disputa por un predio; es el derecho fundamental de los trabajadores a organizarse y defender sus derechos laborales, así como la necesidad de poner un freno a la prepotencia de quienes, como los Coppola Jofroy, parecen creer que pueden comprar el silencio y someter la justicia a su voluntad. La sociedad debe alzar la voz y rechazar estas prácticas que socavan el estado de derecho y la justicia social.