La arenga

Por Juan Manuel Alfaro Castro
Asesor Jurídico de las víctimas. Investigador y Defensor de los Derechos Humanos en el Estado de
Baja California Sur.

Las víctimas de Tortura agradecen la renuncia del Procurador.
El 23 de marzo del 2019, es la fecha que registra las violaciones graves a los Derechos Humanos en el Estado de Baja California Sur, pues es publica la actuación concertada de Secretaría de Marina, Armada de México (SEMAR) 1 , en acciones conjuntas destinadas a someter, reprimir y torturar a 10 personas Comundeñas, que también son agentes de seguridad pública municipal, en un caso de suma gravedad que involucra la lesión al bien jurídico más
preciado del ser humano como lo es la dignidad, en hechos con relevancia penal que dieron lugar a una primera carpeta de investigación identificada con el número CST/242/2019, ante
la privación ilegal de la libertad.

Para comprender el contexto, los hechos se remontan al año 2016, al ser pública y notoria la guerra que detono el crimen organizado y que obligo la entrada en escena de la secretaria de Marina (SEMAR) quien tomó el control de la seguridad pública en el Estado de Baja California
Sur. Después vendría el discurso político preveniente del Gobierno del Estado, el cual legitimaba el acuerdo de coordinación con el Instituto Armado y que avalaba la imposición de integrantes de esa institución federal en tareas fundamentales de seguridad pública y de
procuración de justicia.

En ese marco, producto de ese convenio, se anunciaba a la opinión pública, el nombramiento del capitán de marina Armando Nava Sánchez, así fue como en fecha 17 de octubre del 2018, tomaba el encargo el nuevo Secretario de Seguridad Pública de Baja California Sur, después sería relevado el 07 de febrero del 2018, por el capitán Germán Wong López, mientras tanto; el 02 de agosto del 2018, el Capitán Fernando Viveros Hernández, tomaba de manos del
Procurador General de Justicia Daniel de la Rosa Anaya, la estafeta para dirigir la Agencia Estatal de Investigación Criminal cediendo a los militares el campo estratégico que corresponde a la persecución del delito en nuestro Estado Sudcaliforniano.

En lo que corresponde a los municipios, a los presidentes municipales también les fue impuesto el mando militar, pese a las naturales resistencias políticas que suelen manifestarse, la presión del Estado termino por imponerse, por lo que, el 29 de enero del 2019, tomaba el mando de la seguridad pública el capitán Rubicel Jabadilla Arista en el
Municipio de Comondú, de esa forma era común observar en el entorno público a integrantes 1 Fuente: Semanario Zeta. Nota de fecha 23 de marzo del 2019. ‘’Investigan a Policías en Comondú, BCS por robo de armas’’.

de la Secretaría de Marina a bordo de las patrullas de la policía estatal y municipal, es decir; el acuerdo político se reflejaba en las calles, a la par que se ponía a prueba las diversas hipótesis que aún sostienen la incompatibilidad entre los que hacen la guerra y los encargados del contacto ciudadano y las tareas preventivas en el ámbito municipal.
El experimento estallo pronto, el 27 de julio del 2018, los medios mostraban los primeros destellos de la fricción, un grueso de 60 policías estatales se organizaba para protestar en contra del mando militar, se manifestaban solicitando la designación de mandos civiles, también reclamaban certeza laboral y mejores condiciones de trabajo, en una trama en donde se reflejaba la molestia en las filas de la Policía Estatal en la Ciudad de La Paz, ante la imposición de un mando castrense. En lo que respecta al Municipio de Comondú, los agentes
municipales también se agrupaban, era patente la irritación que provocaba la implementación de la disciplina castrense en las filas de la policía municipal de Comondú, se dolían de la arrogancia de un jefe de policía con escoltas militares, prepotente, que despreciaba a la policía y que los tachaba de corruptos, sumado al exceso de trabajo y la precariedad laboral, se constituyeron en elementos generadores del caldo de cultivo para las quejas de los policías municipales, las cuales se fueron acumulando en el escritorio del presidente municipal José Walter Valenzuela Acosta.

La represión no tardó en aparecer, el 23 de marzo del 2019, con el control total de la seguridad pública en el Estado de Baja California Sur, 3 grupos tácticos operativos, movilizando a más de 50 efectivos, provistos con uniformes verdes pixelados similares a los que usa la Secretaría de Marina (SEMAR), al frente de las instituciones de seguridad pública del Estado de Baja California Sur, llevaban consigo la consigna de reprimir el descontento, por lo que; de manera coordinada y estratégica, empuñando bats de beisbol, aplastaban de
tajo cualquier viso de inconformidad, como si se tratara de someter a un grupo de animales salvajes y dispersos en varias latitudes que corresponden al Municipio de Comondú, daba inicio la cacería de Estado, en donde se imponía la tortura a los policías municipales
discrepantes con el mando marcial, como un método de castigo, pues las personas fueron sometidas, desnudadas, golpeadas, mientras los encerraban en celdas, bajo la amenaza de prenderles fuego. Se reivindicaba de esa forma la prepotencia del mando castrense, estaba
clara la ruta que se elegia para aplacar cualquier vestigio de rebeldía hacia el estamento militar.

Mientras tanto, aprovechando el control castrense de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia, se coordinaban los hombres de verde, apoyándose en otros grupos armados de civiles, perfectamente coordinados, sacaban de la
cama y con lujo de violencia a los policías municipales descontentos, traían la orden superior de ingresarlos en las instalaciones oficiales de la Procuraduría General de Justicia donde despacha Daniel de la Rosa Anaya, en donde otros 5 agentes de policía municipal serían
brutalmente torturados, el móvil estaba claro, también se encontraban indagando el robo de armas de fuego, en hechos acontecidos el 21 de marzo del 2019 en la comandancia de la policía municipal de Ciudad Insurgentes. Desde luego que se podía leer, por la evidencia que se
acumulaba, que mataban dos pájaros de un solo tiro, no solo los castigaban por andar quejándose del mando militar, sino que de paso los torturaban, para arrancar a punta de dolor la información sobre el robo de armas de fuego, en un expediente de investigación que, se
debe decir, no obstante haber sido requerido formalmente por el ministerio público, al tratarse de un delito vinculado, se niegan tajantemente a entregar los mismos mandos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur.

El 05 de abril del 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, daba inicio, por esos hechos, al expediente de queja número CNDH/1/2019/3338/Q, concluyendo la investigación el 30 de julio del 2019, arguyendo
que no había elementos para investigar a la Secretaría de Marina, negándose a realizar una investigación eficiente y eficaz por las graves violaciones a los derechos humanos de las personas Sudcalifornianas, haciendo honor a su apellido, coloco una enorme piedra sobre las
víctimas, sepultando cualquier intentona de investigar por tortura a las fuerzas armadas, era notoria la urgencia de esa institución nacional para colocarse a un costado de la arbitrariedad y la prepotencia del poder público, estaba claro que la presidenta se humillaba para someterse y plegarse a los designios políticos, renunciando indignamente a su función constitucional de defensa y protección de los derechos humanos, con ello, naturalmente se fortalecía la hipótesis
que insinuaba la participación de las fuerzas armadas.

Por su parte, en lo local, Elías Manuel Camargo Cárdenas, en calidad de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos iniciaba otra investigación por esos hechos de tortura, dando origen al expediente de queja número CEDHBCS/LAP/091/2019, procediendo
a solicitar de inmediato a Bernardo Soriano Castro que informase sobre los hechos que señalaban a los agentes de investigación criminal adscritos al área que él dirige, pues no se podía ocultar la utilización de instalaciones oficiales para cometer el delito, topándose con la pared como respuesta y prevaleciendo el silencio cómplice por parte de las más altas autoridades de Procuración de Justicia en el Estado de Baja California Sur. Ese era el otro gran indicio que demostraba que se había elegido la ruta destinada a encubrir, era una evidencia más, de muchas que se acumularían, de que la orden superior era garantizar la impunidad de los perpetradores de los hechos de Tortura.

Más tarde, el tercer indicio de protección se tornaba revelador, el propio presidente Elías Manuel Camargo Cárdenas, en forma por demás suspicaz, detuvo de inmediato la investigación iniciada por la violación a los derechos humanos, luego se apresuró a despedir
al Primer Visitador General, después procede inauditamente a ‘’denunciar’’ la desaparición del expediente de queja que contenía las evidencias que apuntaban a la acción concertada de la Secretaría de Marina en funciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en nuestro Estado de Baja California Sur, en hechos delictivos que
dieron origen a la carpeta de investigación LPZ/4726/2020, en donde se señalaba de robo al defensor de los derechos humanos, la intención se centraba en inventar hechos para perseguir penalmente al defensor de las víctimas. De esa manera tan vil y cobarde, el sistema de
Procuración de Justicia y de Protección a los Derechos Humanos se plegaba a lo más arbitrario del poder. Actuando en sincronía, en razón de que el titular del ministerio público hacía lo propio para encubrir y proteger a los victimarios, que eran considerados como de ‘’casa’’, por lo que fue notorio que fue expedido el ‘’salvoconducto de impunidad’’, en claro menosprecio por la dignidad y los derechos humanos de las víctimas de tortura.

A la postre, en el año 2022, con la obtención del amparo y la protección de la justicia federal 2 , se ordena al ministerio público que de inicio a una investigación imparcial, independiente y minuciosa, por los hechos delictivos de tortura en agravio de 10 personas policías municipales, otorgando vista al ministerio público que procedió a iniciar la carpeta de investigación LPZ/7474/2023 por hechos de Tortura, en donde , nuevamente el titular del ministerio público sale al paso para impedir la Procuración de Justicia y garantizar la impunidad, pues resultaba claro que, tanto el Procurador General de Justicia, como el Subprocurador para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia de Baja California
Sur, se habían dedicado a obstaculizar la investigación penal, por lo que ordenan de manera absurda e incongruente que esa investigación de hechos de Tortura, la tome la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Privación de la Libertad y Secuestro, evitando a toda costa que conozca la autoridad investigadora idónea que es la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, como una forma de impedir que salga a la luz el fenómeno cruento de la Tortura en el Estado de Baja California Sur.

Eso no era todo, además, las víctimas, dentro de la carpeta de investigación LPZ/7474/2023, también se dolían de la conducta del Procurador, ante la omisión evidente para ser debidamente registradas en el sistema nacional del delito de tortura (RENADET), como lo establece la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Tortura, lo que quiere decir que, el Procurador General de Justicia de Baja California Sur, no nada más estaba impidiendo una investigación penal diligente en el área adecuada para investigar, sino que también se cumplía cabalmente con la misión de ocultar el fenómeno de la tortura, el cual oficialmente resulta inexistente en el Estado, por lo que fue necesario desmontar la mentira, con la concesión del Amparo y la Protección de la Justicia Federal, que obliga al Procurador General de Justicia, para que cumpla con su obligación y proceda a la inscripción respectiva en el sistema que controla la Fiscalía General de la República.

2 Sentencias que recayeron a los juicios de amparo indirecto 839 y 898/2022 sustanciados ante el Juzgado Primero de Distrito de Baja California Sur.

La persecución apareció pronto, el defensor de los derechos humanos resintió la intimidación y el acoso por osar enfrentar la arbitrariedad del poder público, actuaban con furia en la Procuraduría General de Justicia, acatando la orden para que, de inmediato se iniciaran
las carpetas de investigación en contra del defensor de Derechos Humanos, en sincronía con el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se daba inicio a la persecución penal, fabricando hechos delictivos que daban materia para acusar y perseguir, se iniciaban las carpetas de investigación LPZ/3180/2020 por el delito de tortura, LPZ/3152/2020 por el delito de usurpación de funciones, LPZ/4726/2020 por el delito de robo, utilizando como instrumento al agente del ministerio público Lenin Emiliano Ortiz Amao irónicamente ahora el Fiscal Anticorrupción) se dirigía con perversidad el aparato punitivo, se actuaba con ánimo de venganza en contra del mensajero que denunciaba e investigaba las graves violaciones a los derechos humanos, a la vez que ignoraban olímpicamente el mensaje que implicaba limpiar las instituciones.

La persecución penal no resultaba suficiente, a la par ‘’los verdes también actuaban’’, pues era notorio el acecho, la intimidación y el acoso de las fuerzas armadas no nada más en contra de las víctimas, también hacían gala de su poderío militar para enviar el mensaje al
defensor víctimal, que osaba retar los más sucio del poder, se debe decir sin ánimo de victimizarse, que las tácticas utilizadas pronto dieron resultados, el permanente estruendo de helicópteros artillados con francotirador incluido, acechando como animales rabiosos el hogar del defensor de las víctimas terminaron empujando la expulsión y el exilio de la Capital, se entendía que el costo a pagar era alto por atreverse a investigar graves violaciones a los derechos humanos, pero se acusaba de recibido el mensaje que intrínsecamente envolvía el riesgo inminente para la libertad, la integridad y la vida, no obstante ello, era importante resistir, pues valía la pena correr el riesgo, ante la lucha que conducía a extirpar a las bestias que se dicen servidores públicos, que tanto dañan a nuestra sociedad y que encuentran
anidados en las instituciones que pertenecen al pueblo de México.

Se impone, como siempre, el poder político. No importando el antecedente grave del fenómeno de la tortura en el Estado de Baja California Sur, El 10 de mayo del 2023, Charlene Ramos Hernández releva a Elías Manuel Camargo Cárdenas, delfín de Leonel Cota Montaño, tomando protesta la nueva presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, esta vez se notaba la mano del grupo político de los Cabos (como comúnmente se les conoce a la hora de repartirse el poder), y deciden apoyar a una
persona cuya máxima trayectoria pública se centra es ser una eficiente agente de bienes raíces, acatando la instrucción para elegir al perfil más adecuado, que cumpla eficientemente con la defensa y protección de la prepotencia del poder público, por lo que se trasmiten con mucha eficacia la bandera de la infamia, se trasladan la consigna de proteger a como dé lugar lo más indigno del poder, pues es claro que a la fecha prevalece la negativa de la actual presidenta para impulsar legislativamente la creación de una Fiscalía Independiente destinada a investigar los hechos de Tortura, inauditamente manifiesta, dentro del juicio de garantías constitucionales 1437/2024, que no se encuentra obligada, como si se tratara de un tema ajeno a un organismo que se precia de la defensa y protección de los derechos humanos.

Por lo que hace a la Señora Piedra, se muestra la obediencia perfecta que enarbola ante el poder, características que la calificaron como apta para repetir en el cargo por otros 4 años, se lanza el mensaje de que no les importan las víctimas, pues desprecian con mucha arrogancia el dolor ajeno, se asemejan a seres sin alma que actúan como fanáticos enloquecidos por el poder.

En resumen, era harto notorio que la indignidad se fortalecía en el Estado de Baja California Sur, la defensa y protección de los derechos humanos no era prioridad, pareciera que la misión institucional encontraba eco en proteger, a como dé lugar, la miseria humana que se encuentra enraizada y se alberga con impunidad en las instituciones de seguridad pública y procuración de Justicia que encabezan las fuerzas armadas.

Como puede apreciarse, este caso evidencia una trama siniestra de represión, persecución, impunidad y corrupción en el Estado de Baja California Sur, es visible que todo el poder se ha unido para proteger la Tortura, toda la fuerza del Estado a favor de los canallas, mientras las víctimas en extremo vulnerables continuaban esperando justicia, siguen aguardando en espera de una investigación eficiente y eficaz que les otorgue al acceso a la verdad y la justicia, esperan a que el ministerio publico cumpla oficiosamente con el deber de investigar y que haya la garantía de independencia para avanzar en la investigación y esclarecer los hechos delictivos. Siendo que las víctimas se encuentran permanentemente amedrentadas por las
fuerzas armadas, quienes impunemente continúan al frente de la seguridad pública en el Estado.

Se debe decir que a la fecha permanece la huella de la bota militar en la mayoría de las víctimas, que sufren en silencio el estrés postraumático producto de los brutales actos de tortura
a que fueron sometidos, en este tema, por cierto, es claro que la propia Procuraduría General de Justicia carece del personal técnico especializado para practicar el examen médico- psicológico bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul, a pesar de la realidad que realza el fenómeno cruento de la tortura, pues es ingenuo pensar que, se trata de un caso aislado, cuando es muy probable que solo sea la punta del iceberg.

También es de interés público, pues el tema atañe a todos los Sudcalifornianos, que la indignación impulso con rabia la batalla jurídica 3 para contar con una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, que se encuentre dotada de independencia técnica, en donde no intervenga el poder político, en donde el fiscal este dotado de independencia para poder para desarrollar investigaciones imparciales, sin la carga que significa la orden para no 3 Sentencia que recayó al juicio de amparo indirecto número 1437/2024. Substanciado ante el Juzgado Primero de
Distrito de Baja California Sur. Recurso en revisión número 131/2025 Substanciado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigesimosexto Circuito en el Estado de Baja California Sur.

investigar hechos de Tortura como actualmente acontece, luego entonces, resulta prioritario cesar de inmediato toda instrucción superior de no tocar a los verdugos, es urgente desmontar
el manto de protección institucional destinado a encubrir a las bestias que tanto dañan la integridad física y moral de nuestra gente y que se encuentran anidadas en nuestras más nobles instituciones.

Debo de dejar en claro que, no es de mi interés denostar el engranaje institucional que cimenta y otorga vida al Estado Mexicano, las personas de bien son honorables y encuentran su misión institucional en el honor, la lealtad, la solidaridad, el respeto a los derechos
humanos, ellos merecen todo el reconocimiento de nuestro pueblo, el reclamo de las víctimas se centra en los indignos, en los que se escudan en nuestras instituciones, son seres que no pueden ni deben denominarse servidores públicos, llámese: de la Policía Municipal, de la
Policía Estatal, de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, de la Secretaría de Marina, se trata de las lacras que deben de ser extirpadas de inmediato de la vida institucional, deben de
ser llevadas ante la justicia, porque son los individuos más repugnantes, son los malhechores que utilizan a las instituciones para delinquir, usan el poder público para lastimar lo más preciado de nuestra gente, que no puede ser otra cosa que la dignidad.

El propósito fundamental de esta lucha, la intención final de todo esto, consiste en erradicar la impunidad que asfixia el alma de los Ciudadanos Sudcalifornianos, se deben registrar a las víctimas, se debe crear la Fiscalía autónoma e independiente para investigar el
delito de Tortura, es fundamental tomar la rectoría de la investigación penal en la unidad especializada en la investigación del delito de Tortura y no otra, como actualmente acontece, se debe proteger a las víctimas y garantizar que no haya nuevos actos de repetición por parte de los integrantes de las fuerzas armadas, también se debe de proteger a los defensores de derechos humanos, se deben de esclarecer los hechos delictivos y se debe de proceder la reparación integral del daño ocasionado, el Estado no puede ni debe evadir su responsabilidad ante las graves violaciones a los derechos humanos en el Estado de Baja California Sur. No nos merecemos esto nosotros los Sudcalifornianos.

En ese contexto, surgen interrogantes públicas que no puede pasar desapercibidas:
Al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur: ¿Se va a continuar garantizando la impunidad ante las graves violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Baja California Sur? ¿Se va a continuar negando a los Sudcalifornianos el
derecho a la verdad y la justicia mediante una investigación independiente? ¿Se va a continuar negando el derecho que tienen los Sudcalifornianos a una Fiscalía Independiente que cuente con personal técnico especializado para practicar los exámenes médicos y psicológicos bajo los parámetros del Protocolo de Estambul? ¿Se van a seguir utilizando a las fuerzas armadas para reprimir a nuestro pueblo Sudcaliforniano?

Al poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur: ¿Se van a seguir comportando como buitres en los nombramientos atendiendo el reparto del poder político entre
los grupos que prevalecen en el Estado de Baja California Sur? ¿Se va a continuar negando la creación de una Fiscalía independiente para la investigación del fenómeno de la Tortura en el Estado de Baja California Sur? ¿Va a seguir manipulando al pueblo solo cuando les interese el voto popular para perpetuarse en el poder?

A la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos: ¿Van a continuar actuando con tanta cobardía para seguir protegiendo la arbitrariedad y la prepotencia del poder público? ¿Se van a continuar negando para impulsar una Fiscalía independiente que vele por
los derechos humanos de las víctimas de Tortura? ¿Se van a continuar arrodillando ante el poder?

Finalmente, ante la sistemática respuesta de la Secretaría de Marina, que se empeña en encubrir, al señalar que no cuenta con información documental sobre los hechos delictivos acontecidos el 23 de marzo del 2019, no obstante los requerimientos del ministerio público y la
montaña de evidencia, misma que ha sido recabada por el asesor jurídico de las víctimas y que señalan con certeza la probable participación de integrantes de ese Instituto Armado, surge la
pregunta destinada a la Titular del Poder Ejecutivo Federal y Comandanta Suprema de las fuerzas Armadas ¿Se va a tolerar la represión armada de parte de nuestras Fuerzas Armadas?

¿Se va a continuar agraviando a nuestra gente que habita en el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur? ¿Se va a continuar garantizando la impunidad? ¿Se va a continuar protegiendo
a los integrantes de la Secretaría de Marina responsables de los hechos delictivos de Tortura?

¿Se va a continuar protegiendo a las bestias que lastimaron la dignidad de nuestra gente Sudcaliforniana?

Sólo para concluir: sin duda, las víctimas también despiden, con hartas porras, a ese hombre respetuoso y decente que fue nuestro Procurador General de Justicia Daniel de la Rosa Anaya, desde luego que también aplaudirían a rabiar el nombramiento del nuevo Procurador, si ese encargo recae en el actual Subprocurador para la Investigación de los Delitos de Alto Impacto, le aprendió mucho a su maestro, merece estar en la cima.