La arenga

Por Juan Carlos Méndez

La propuesta del diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la XVII Legislatura de Baja California Sur, Erick Ivan Agundez Cervantes, de reformar la Ley Estatal de Protección de Animales Domésticos para prohibir las corridas de toros y cualquier otra actividad que implique lesionar o provocar la muerte de animales, representa un hito crucial en la búsqueda de una sociedad más ética y sensible en nuestro estado. Esta iniciativa, que busca adicionar el artículo 18 a la referida ley, no es un ataque a nuestras raíces culturales, como algunos podrían apresuradamente señalar, sino un llamado a la reflexión profunda sobre nuestros valores y la manera en que nos relacionamos con otras formas de vida.

La argumentación presentada por el legislador Agundez Cervantes se fundamenta en la necesidad de adecuar nuestras leyes a los valores contemporáneos de respeto y empatía hacia los animales. En un mundo donde la conciencia sobre el bienestar animal es cada vez más fuerte, resulta anacrónico y moralmente cuestionable perpetuar espectáculos que se basan en el sufrimiento y la muerte de seres sintientes. La iniciativa busca promover alternativas culturales y recreativas que no involucren la violencia animal, permitiendo así que conservemos nuestras tradiciones, pero bajo una lente de progreso ético y justicia.

Es importante destacar que Baja California Sur no estaría sola en este camino. El estudio de derecho comparado expuesto en la iniciativa revela que solo siete países en el mundo aún permiten la tauromaquia, y dentro de México, siete legislaciones estatales ya han prohibido las corridas de toros: Sonora (2013), Guerrero (2014), Coahuila (2015), Quintana Roo (2019), Sinaloa (2022), Ciudad de México (2025) y Michoacán (2025). Esta tendencia nacional e internacional subraya una creciente convicción social sobre la inaceptabilidad del maltrato animal como forma de entretenimiento.

No obstante, la propuesta de Agundez Cervantes se enfrenta a una realidad local que merece ser analizada. En el municipio de La Paz, las corridas de toros son contempladas como un espectáculo público, y su «Reglamento de Espectáculos Públicos» dedica un capítulo entero a la regulación de las actividades taurinas, incluyendo corridas de toros, novilladas y festivales taurinos. Esta contradicción entre la legislación municipal vigente y la reforma propuesta a nivel estatal pone de manifiesto la urgencia de una armonización legal que priorice la protección animal en todo el estado.

La iniciativa del diputado Agundez Cervantes no busca eliminar tradiciones, sino transformarlas, reinterpretarlas bajo los principios fundamentales de respeto y cuidado hacia los animales. El verdadero valor de una sociedad no reside en la perpetuación de prácticas que infligen sufrimiento, sino en su capacidad de evolucionar hacia formas de convivencia más compasivas y justas. La prohibición de las corridas de toros en Baja California Sur sería un poderoso mensaje sobre nuestro compromiso con el bienestar animal y un paso firme hacia la construcción de una ciudadanía más empática y responsable.

En este «2025, Año del Cincuentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de B.C.S.», la oportunidad de alinear nuestra legislación con los más altos estándares éticos en materia de protección animal es innegable. Apoyar la iniciativa del diputado Erick Ivan Agundez Cervantes no es solo defender los derechos de los animales, sino también afirmar nuestra voluntad de construir un futuro donde la violencia y el sufrimiento no tengan cabida en nuestras celebraciones. Es hora de que Baja California Sur se sume a las entidades que han dado un paso adelante en la defensa de la vida y la dignidad de todos los seres vivos.