El Congreso del Estado de Baja California Sur ha dado un paso crucial para la protección de las familias de pescadores, buzos y productores acuícolas. La reforma a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado, aprobada recientemente, consagra de forma explícita el «Programa Estatal de Seguro de Vida para el Sector Pesquero de Baja California Sur», garantizando así un apoyo vital en caso de fallecimiento o invalidez laboral permanente.

Este logro, impulsado por la Comisión de Pesca y Acuicultura, integrada por los diputados Sergio Polanco, Sergio Huerta y Omar Torres, representa una verdadera inversión social. A pesar de requerir recursos financieros, el programa atiende una necesidad urgente: brindar seguridad económica a las familias que dependen de este sector fundamental para la economía estatal.

La diputada Guadalupe Saldaña Cisneros, conocida por sus ocurrencias «saladas», no pudo resistirse a la tentación de «aderezar» el debate con sus habituales comentarios, como ya se ha comentado en la columna política «La Arenga», donde se ha dicho que «La Sal Daña». Mientras celebraba la aprobación del dictamen, no perdió la oportunidad de sazonar la discusión con «sugerencias», como la necesidad de incluir apoyos funerarios y canastas básicas para las familias. ¿Será que la diputada busca un nuevo «recetario» para la política social?

Afortunadamente, el diputado Omar Torres Orozco, con una visión más pragmática, enfatizó la importancia de que esta iniciativa se convierta en una política pública permanente. Su llamado a anclar el seguro al presupuesto del Estado demuestra un compromiso real con el bienestar de los pescadores y sus familias.

En definitiva, la aprobación de esta reforma es una victoria para el sector pesquero y para Baja California Sur. Esperemos que, en el futuro, el debate se centre en las necesidades reales de la población y no en los «condimentos» personales de algunos diputados.

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