Alondra Torres, diputada de Morena, ha presentado una propuesta para impulsar programas de educación sexual integral en Baja California Sur. A simple vista, esta iniciativa podría parecer loable, pero la realidad detrás de la diputada Torres es mucho más turbia y contradictoria.

Fuentes cercanas a la diputada revelan que Torres, lejos de ser un modelo a seguir, es conocida por su comportamiento agresivo y su intolerancia a la crítica. Amenaza con demandas por «violencia de género» a periodistas que simplemente cuestionan su labor pública, una labor por la cual, irónicamente, recibe un «jugoso» salario proveniente de los impuestos de los ciudadanos, que a la postre tienen derecho a saber qeu es lo que hace y no hace, poqrue al poder se le vigila no se la aplaude.

¿Con qué autoridad moral pretende Alondra Torres educar a la juventud sobre sexualidad cuando su propio comportamiento es tan cuestionable?

Se dice que su desdén por la prensa y su incapacidad para aceptar la crítica le han ganado la antipatía de su propia fracción parlamentaria en Morena.

La diputada Torres parece olvidar que su cargo es público y, como tal, está sujeta al escrutinio de la sociedad. La educación sexual integral es fundamental, pero no puede ser liderada por figuras hipócritas que buscan censurar a la prensa y silenciar a quienes las contradicen.

Es necesario que la sociedad sudcaliforniana exija a sus representantes congruencia entre sus palabras y sus acciones. La educación sexual merece ser promovida desde la honestidad y la transparencia, no desde la censura y la amenaza.

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