En una muestra de arrojo legislativo que haría palidecer a Don Quijote, la diputada Teresita Valentín ha decidido enfrentar un problema acuciante que azota Baja California Sur: la violencia ácida. Sí, han leído bien. La diputada, con la valentía que la caracteriza, ha decidido proteger a las mujeres sudcalifornianas de un flagelo que, afortunadamente, no existe en el estado.

Según la diputada Valentín, las mujeres de BCS merecen contar con recursos para la protección y acceso a la justicia ante este fantasma ácido que, al parecer, solo ella puede ver. Ignorando la realidad de la violencia de género que sí existe en el estado, la diputada ha decidido enfocarse en un problema inexistente, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Es esto una genuina preocupación por la seguridad de las mujeres o una simple maniobra demagógica para ganar notoriedad?

La diputada justifica su propuesta citando casos de otras entidades, como el de la saxofonista María Elena Ríos, un caso lamentable que sin duda merece atención. Sin embargo, usar este caso para justificar una ley en un estado donde no se han registrado ataques con ácido, parece más un intento de subirse a la ola mediática que una verdadera preocupación por las mujeres de BCS.

¿No sería más productivo, diputada Valentín, enfocar sus esfuerzos en combatir la violencia de género que realmente afecta a las mujeres de su estado? La violencia intrafamiliar, el acoso sexual, los feminicidios, son problemas reales que requieren atención urgente. En lugar de luchar contra molinos de viento, la diputada debería enfocarse en los verdaderos gigantes que amenazan la seguridad y el bienestar de las mujeres de Baja California Sur.

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