La arenga

El diputado Omar Torres Orozco ha presentado una iniciativa para crear la Ley para la Regularización de Predios Rústicos en Baja California Sur. A primera vista, la propuesta parece noble: busca brindar seguridad jurídica y patrimonial a los habitantes de zonas rurales que han poseído tierras durante años sin títulos formales. Sin embargo, un análisis más profundo revela la posibilidad de que esta iniciativa sea más un acto oportunista que un genuino esfuerzo por hacer justicia.

Torres Orozco argumenta que su iniciativa se basa en las inquietudes de familias del norte de Los Cabos que han transferido tierras solo con la “palabra” como acuerdo. Busca legitimar estas transacciones informales, que hasta ahora no han tenido validez legal. ¿Es realmente la función de un diputado adaptar la ley a la conveniencia de un grupo específico, en lugar de defender el estado de derecho?

La propuesta de ley facultaría a la Subsecretaría de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado para coordinar la regularización de estos predios. Esto concentraría un poder considerable en manos de una sola entidad, lo que podría abrir la puerta a la corrupción y al favoritismo.

¿A quién beneficia realmente esta ley? Si bien algunos podrían argumentar que la iniciativa de Torres Orozco busca ayudar a los habitantes rurales, es importante cuestionar si esta medida no será aprovechada por especuladores y grandes terratenientes para legalizar la posesión de tierras adquiridas de manera irregular.

En lugar de debilitar los mecanismos de control y seguridad jurídica, el diputado Torres Orozco debería enfocarse en fortalecer las instituciones y garantizar que la ley se aplique de manera justa e igualitaria para todos. Solo así se podrá construir una sociedad más justa y equitativa en Baja California Sur.