La alcaldesa Paz del Alma Ochoa, con el apoyo unánime del Cabildo de Loreto, ha tomado una decisión histórica: llamar a cuentas a los exfuncionarios de la administración de Paola Cota Davis. Esta acción, que ha sido recibida con gran satisfacción por la ciudadanía, busca esclarecer las irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción y hacer justicia ante la posible corrupción que ha manchado la gestión pública en el municipio.
La paciencia del pueblo de Loreto se ha agotado. Las administraciones anteriores, marcadas por la falta de transparencia, han dejado una profunda herida en la confianza de la ciudadanía. El análisis de las actas de entrega-recepción ha revelado una serie de irregularidades que no pueden ser ignoradas: faltantes de inventario, obras fantasmas, procedimientos administrativos dudosos y una preocupante falta de documentación.
La actual administración, con un compromiso inquebrantable con la justicia social y la transparencia, no permitirá que la impunidad se imponga. La ley debe ser aplicada con rigor, especialmente cuando se trata del manejo de los recursos públicos. La población exige que se deslinden responsabilidades y que los culpables de la corrupción sean castigados con todo el peso de la ley.
La sombra de la sospecha recae con especial fuerza sobre Loreto Arce Davis, quien fungió como Tesorero Municipal durante la administración de Paola Cota Davis y por nueve años, desde 2015. Su repentino enriquecimiento y su cambio de estilo de vida, que lo ha llevado de humilde contador a ostentar una vida de lujos, han despertado la indignación popular. Su posición clave en la administración de Cota Davis lo coloca en el centro de la polémica, pues era quien manejó los dineros y autorizó sus egresos.
La justicia debe actuar con celeridad y firmeza para sancionar a quienes han traicionado la confianza del pueblo de Loreto. No se puede permitir que la corrupción siga campando a sus anchas, enriqueciendo a unos pocos a costa del bienestar de la mayoría. El pueblo de Loreto exige justicia, transparencia y un compromiso real con la rendición de cuentas.
Paola Cota Davis, la exalcaldesa, también debe responder por sus actos. Se la acusa de haber utilizado su cargo para beneficiarse personalmente, violando las reglas de su propio partido para intentar reelegirse y utilizando los recursos públicos para su campaña. Se le imputa haber orquestado una campaña de desprestigio contra Paz Ochoa, la actual alcaldesa, a quien traicionó y obligó a abandonar la alianza de partidos políticos a la que ambas pertenecían.
La situación en Loreto es un claro ejemplo de cómo la corrupción corroe las instituciones y socava la confianza en la democracia. Es imperativo que se haga justicia y que se envíe un mensaje contundente: la impunidad no será tolerada.
La arenga 
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