El diputado Sergio Guluarte Ceseña, miembro de MORENA, ha presentado una propuesta legislativa de gran relevancia para los trabajadores de Baja California Sur. Su iniciativa busca elevar a rango constitucional las relaciones jurídicas laborales entre los poderes del Estado, los municipios y sus trabajadores. Este paso trascendental busca garantizar los derechos de los trabajadores del sector público y colocarlos en un plano de igualdad con los demás trabajadores del país.
La propuesta de Guluarte nace de la ausencia de un marco legal específico que regule las relaciones laborales en el sector público a nivel estatal. A lo largo de cincuenta años de vigencia de la constitución estatal, esta importante área ha quedado desprotegida, dejando a los trabajadores a merced de interpretaciones y prácticas que no siempre han sido justas o equitativas.
Con esta iniciativa, el diputado Guluarte demuestra una profunda sensibilidad hacia las necesidades y aspiraciones de los trabajadores. Si bien la información proporcionada no detalla explícitamente su experiencia laboral previa, su compromiso con la causa de los trabajadores sugiere una comprensión personal de las dificultades que enfrentan quienes se encuentran al margen de las conquistas del derecho social.
La propuesta de Guluarte es un paso fundamental para fortalecer el estado de derecho en Baja California Sur. Al elevar a rango constitucional las relaciones laborales en el sector público, se estaría estableciendo un marco legal claro y preciso que brindaría seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a las instituciones estatales.
En concreto, la iniciativa propone:
- Adicionar un Título Octavo Bis a la Constitución del Estado, denominado «De las Relaciones Jurídicas de Trabajo entre los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur y los Trabajadores a su Servicio».
- Incluir un Capítulo Único llamado «Bases Generales» y un Artículo 155 Bis.
- El Artículo 155 Bis establecería que las relaciones laborales en el sector público se regirán por las leyes que expida la Legislatura, con base en los Artículos 115 fracción VIII, 116 fracción VI, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa ha sido turnada a la comisión permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación. Se espera que la comisión, al evaluar la propuesta, tome en cuenta la importancia de saldar una deuda histórica con los trabajadores del sector público y brindarles la protección legal que merecen.






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