La arenga

Por Juan Carlos Méndez Ramírez.

La justicia es un derecho fundamental de todo ciudadano. Es la base de una sociedad justa y equitativa donde se resuelven los conflictos de manera imparcial y oportuna. Sin embargo, en el municipio de Comondú, la realidad dista mucho de este ideal. Los juzgados, en lugar de ser faros de justicia, se han convertido en laberintos burocráticos donde las esperanzas de los ciudadanos se desvanecen entre la lentitud y la ineficiencia.

El rol del juez es crucial en el sistema judicial. Su función principal es «dictar el derecho», es decir, resolver las disputas legales de manera imparcial, pronta y completa. Un juez debe poseer un profundo conocimiento de la ley y actuar con los más altos principios de ética y justicia. Desafortunadamente, en Comondú, los jueces Ismael Alfonso Ortega Lizardi y Claudia Elena Rosales Ortiz parecen haber olvidado su responsabilidad hacia la comunidad. Sus acciones, o más bien la falta de ellas, contradicen los principios fundamentales de la justicia, dejando a los ciudadanos a la deriva en un sistema que parece más enfocado en la burocracia que en la justicia.

La lentitud con la que operan los juzgados en Comondú afecta gravemente la vida de los ciudadanos. La falta de resolución oportuna de los casos genera incertidumbre, angustia y, en muchos casos, perjuicios económicos irreparables. La ineficiencia del personal que labora en los juzgados agrava aún más la situación. Los ciudadanos que acuden en busca de justicia se encuentran con un sistema lento, burocrático e indiferente a sus necesidades.

Es imperativo que se tomen medidas urgentes para mejorar la eficiencia de los juzgados en Comondú. Los jueces deben asumir su responsabilidad y actuar con la celeridad y la imparcialidad que exige su cargo. La ciudadanía merece un sistema judicial que garantice una justicia pronta y efectiva, no un laberinto burocrático que prolongue su sufrimiento.

Una Mirada Política a la Ineficiencia Judicial en Comondú sintetiza que es evidenciada por la lentitud en los procesos y la falta de diligencia del personal, que se puede analizar desde una perspectiva política a continuación.

La justicia, como pilar fundamental de un estado de derecho, depende en gran medida de la voluntad política para garantizar su correcto funcionamiento. La ineficiencia en los juzgados de Comondú puede ser indicativo de una falta de interés por parte de las autoridades responsables de la administración de justicia en el municipio.

Esta falta de atención puede ser resultado de diversas causas como el desinterés político, corrupción y falta de recursos, pues no hay que dejar de señalar que la ineficiencia judicial tiene consecuencias políticas, como la pérdida de confianza en las instituciones, el aumento de la conflictividad social y el debilitamiento del estado de derecho, pues esta ineficiencia judicial erosiona la base misma del estado de derecho, poniendo en riesgo la paz social y el desarrollo del municipio.

Es crucial que la problemática de la ineficiencia judicial en Comondú sea abordada desde la esfera política. Se necesitan acciones concretas por parte de las autoridades para fortalecer la independencia judicial, para garantizar que los jueces puedan actuar con autonomía e imparcialidad, sin presiones políticas o de cualquier otro tipo; además asignar recursos suficientes, para dotar a los juzgados de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para su funcionamiento óptimo; Implementar mecanismos de control y transparencia para establecer sistemas que permitan monitorear el desempeño de los juzgados y detectar posibles irregularidades; y finalmente promover la participación ciudadana para fomentar que la sociedad civil advierta en la vigilancia y el control del sistema judicial.

La Magistrada Claudia Jeanette Cota Peña, quien preside el tribunal superior de justicia en Baja California Sur, enfrenta un llamado a la acción. Se le insta a intervenir y «poner orden» en el municipio de Comondú, donde los jueces Ismael Alfonso Ortega Lizardi y Claudia Elena Rosales Ortiz parecen estar bajo escrutinio.

Es crucial que la Magistrada Cota Peña atienda este llamado a la acción. La confianza en el sistema judicial depende de la integridad y la imparcialidad de sus jueces. Investigar a fondo las preocupaciones planteadas y tomar las medidas correctivas necesarias es fundamental para mantener la legitimidad del poder judicial en Comondú.

                                        Parlamentos
                         *Comprometida con el pueblo

La diputada del PT Karina Olivas Parra inauguró recientemente su Casa de Gestión y Atención Ciudadana, un espacio dedicado a servir a la comunidad del distrito electoral que representa. Este gesto demuestra su firme compromiso de estar cerca de la gente y atender sus necesidades.

La Casa de Gestión, ubicada en la colonia Pueblo Nuevo, ofrecerá diversos servicios a la comunidad, incluyendo un consultorio médico gratuito, atendido por la Dra. Rocío Aranda, brindará atención médica a la población, lo que subraya la sensibilidad social y la preocupación de Olivas Parra por el bienestar de sus representados.
La inauguración de la Casa de Gestión contó con la presencia de importantes figuras políticas, incluyendo al alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, el Senador Homero Davis Castro y el diputado federal Luis Armando Díaz. La presencia de estos líderes de la Cuarta Transformación resalta la importancia de esta iniciativa y el respaldo que Olivas Parra tiene dentro del movimiento.

En resumen, la apertura de la Casa de Gestión y Atención Ciudadana consolida a Karina Olivas Parra como una diputada comprometida con su comunidad y con los principios de la Cuarta Transformación. Su trabajo constante y su cercanía con la gente la convierten en una representante ejemplar que busca mejorar la vida de los ciudadanos a través de acciones concretas.

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                 *Nuevo Camino para la Democracia 

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, ha demostrado un compromiso admirable con la apertura democrática en el proceso de elección de delegados. A pesar de afirmar la neutralidad del Ayuntamiento y garantizar la igualdad de condiciones para todos los candidatos, Agúndez Gómez reconoce las deficiencias del actual sistema y propone una alternativa innovadora.

Su postura a favor de que los delegados sean elegidos por el Cabildo en lugar de por consulta pública abre un debate crucial sobre la eficacia y el costo de los procesos democráticos. Si bien la participación ciudadana es fundamental para una democracia saludable, la baja participación histórica en las elecciones de delegados, inferior al 3%, plantea serias dudas sobre la representatividad de este proceso.

La propuesta de Agúndez Gómez no busca socavar la democracia, sino fortalecerla. Redirigir los recursos destinados a la consulta pública, que ascienden a entre 3 y 4 millones de pesos, hacia las necesidades de las familias cabeñas, demuestra una gestión responsable y orientada al bienestar ciudadano.

Además, el alcalde identifica un problema crucial: la división social que genera la contienda electoral. Su compromiso con la reconciliación ciudadana subraya su visión de una democracia que no se limita a la participación electoral, sino que busca construir una comunidad más cohesionada.

La propuesta de Agúndez Gómez de reformar el sistema de elección de delegados es audaz y merece un análisis profundo. Su enfoque pragmático y su compromiso con la apertura democrática abren un camino prometedor para fortalecer la democracia local y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Los Cabos.

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