Karl Popper, el rey de las metáforas, comparaba a las instituciones con los barcos. Y no sin razón: un barco, al igual que una institución, debe estar bien construido, con la robustez necesaria para enfrentar el mar abierto, pero también con la flexibilidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del océano y las necesidades de quienes van a bordo. En el caso de las instituciones, es esencial que el diseño incorpore estructuras y mecanismos que faciliten la operación eficiente y satisfagan las demandas sociales.
Sin embargo, un barco puede perder su rumbo no por fallos en su estructura o diseño, sino por las decisiones de su propia tripulación, que lo llevan hacia el naufragio o a colisionar con los arrecifes. Por eso requieren, igual que las instituciones, de una tripulación competente, ética, responsable y capaz de manejar el poder con prudencia y autolimitación, que sea tolerante con aquellos que piensan distinto y que puedan asegurar la convivencia de proyectos plurales y diferentes entre sí. La transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho son esenciales para garantizar que las instituciones cumplan con su propósito y sean resistentes a las tripulaciones inadecuadas. Las instituciones están diseñadas para soportar ciertos desafíos, malas rachas y marineros deficientes, pero incluso la resistencia de las instituciones más sólidas tiene sus límites.
En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, algo está pasando con el barco, ya que existe un paro laboral en defensa de los derechos laborales de sus trabajadores, quienes solicitan la destitución de la licenciada Charlene Ramos Hernández como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por trato cruel y degradante, amenazas e intimidación, violencia de género, acoso laboral y abuso laboral.
Son acusaciones graves, y más cuando se hace contra la dirigente de una institución cuyo objetivo es eso, detener la violencia que perturba los derechos de las personas que no se pueden defender. Pero no todo se detiene ahí. También hay inestabilidad administrativa pues casi medio millón de pesos durante los 7 meses de gestión de Charlene, se encuentran sin justificar, aunque a decir verdad, hay tiempo para que todavía aparezca ese dinero de acuerdo al protocolo, antes de que se pudiera considerar un desvío de recursos o un peculado.
Hay muchas similitudes en las inquietudes de los trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que llevaron a la destitución de su anterior titular Elías Camargo, al que le abrieron un juicio político y estuvo a un paso de ir a la cárcel. Son los mismos empleados, con los mismos argumentos los que lograron que se despidiera al anterior titular y las cosas ahora se repiten.
Pero también aquí sí se debe destacar que la titular de Derechos Humanos, no cuenta con el perfil, el conocimiento, la trayectoria, una carrera social, alguna distinción que la haga merecedora de esa responsabilidad que le confirieron los diputados. Es decir, no tiene experiencia en Derechos Humanos, ya que su ocupación anterior, en la que sí está capacitada y cuenta con un curriculum y puntaje suficiente, es la venta de terrenos, renta de departamentos, compra y venta de viviendas, por la que sí es bien reconocida en Los Cabos.
No sabemos de quién fue la ocurrencia de proyectar a Charlene Ramos Hernández para atender un área tan delicada, sensible y que requiere de mucha experiencia, conocimiento, tacto, como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ojo, la ignorancia de esta «defensora» llega a tal grado de querer criminalizar una protesta y denunciar penalmente a los que hicieron este paro. Esto en «ipso facto» la descalifica para atender una responsabilidad de esa naturaleza.
Es una cadena de error tras error donde Charlene exhibe su ignorancia, novatez, intolerancia, enojo, muina, lo que necesariamente la llevará a tener que renunciar «por causas de fuerza mayor» a ese cargo donde nunca debió estar.






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